sábado, 10 de septiembre de 2016

Denuncian a iglesias ante Gobernación



Estado de Derecho debe estar por encima de ideas confesionales

Silvia Núñez Esquer

Chihuahua, México, 8 septiembre 2016.- Las jerarquías católica y de otras iglesias no deberían involucrarse en los temas que tienen que ver con la sexualidad de las personas, afirmó Ana Lidia Murillo Camacho activista por los derechos sexuales y reproductivos y contra la violencia de género.

La presidenta de la Asociación Sinaloense de Universitarias indicó que las iglesias no deberían hacer la exigencia, como lo han estado haciendo, de que se niegue el matrimonio igualitario, pues es violatorio de derechos humanos.

Es una invasión a una esfera que no es de su competencia, no se les debería de permitir hacer marchas, simplemente porque hay un reglamento que establece esa prohibición a lo que tiene que ver con cuestiones ideológicas y religiosas. 

Es una posición que no se puede imponer a los demás, por lo que se debería aplicar el estado de derecho. La Secretaría de Gobernación debería de actuar en ese sentido, y precisar los límites que tiene la actuación que tienen los grupos religiosos en la política pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido muy clara en otorgar los amparos a los artículos que se han impugnado, tanto del código familiar como de los códigos civiles de los Estados de la República, en donde el derecho al matrimonio igualitario debe ser un derecho ejercido de manera plena, sin limitación alguna y mucho menos en la cuestión del sexo de las parejas.

El llamado Frente Nacional por la Familia obedece las directrices de las jerarquías eclesiásticas, son grupos confesionales. Pueden ser asociaciones civiles, pero son confesionales. Aunque no se asuman como tal, sus hechos lo están denotando.

Es muy diferente que tengamos una sociedad civil organizada, nosotras estamos constituidas como AC, pero no nos metemos con esas cuestiones que tienen que ver con una postura confesional. Nos hace falta conocer realmente de qué estamos hablando, dice.

Es  muy fácil estar tergiversando y utilizando el marco legal a conveniencia para perseguir fines que nos ajenos a una política pública de un Estado laico. 

Si ellos no se quieren casar con una pareja del mismo sexo, es su decisión, pero las parejas del mismo sexo que quieran casarse están en su derecho. La aplicación del Estado de Derecho debe de respetarse y el matrimonio no tiene por qué discriminar a personas del mismo sexo.

Esas ideas son confesionales porque son parte de un credo religioso, no podemos permitirlas, no podemos aceptar un discurso que es contrario a los derechos humanos y a una sociedad democrática que debe ser incluyente.

Si yo me quiero casar es mi decisión, pero no puedo exigirle a una autoridad: “No la cases a ella”. Mi participación ciudadana implica que el Estado proporcione lo que la población necesita. Si hay población en situación de vulnerabilidad por su condición en que se encuentra, social, económica, religiosa, o por alguna otra condición, que el Estado lo garantice.

La reivindicación de derechos de grupos en situación de vulnerabilidad no puede estar sujeta a ideas confesionales, ideas religiosas que deben estar aparte, no pueden predominar en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho.

La diversidad es para celebrarse y por ello en Sinaloa la Marcha de la diversidad que se celebró el pasado 27 de agosto, misma que tiene carácter incluyente. Marchan los diversos grupos de la sociedad, cada vez se suman más personas que patrocinan la marcha, apoyando para que sea una fiesta que celebra la diversidad.

La denuncia

Ana Lidia Murillo expuso que junto con la organización Matrimonio Igualitario, impulsaron una denuncia ante la Secretaría de Gobernación, la cual interpusieron el pasado 5 de septiembre.

Dirigido a Humberto Roque Villanueva, Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob, el documento enlista uno a uno los motivos para denunciar entre otras asociaciones religiosas a la Arquidiócesis Primada de México, A.R. 

Algunos de estos  actos motivos son: Violación al artículo 130 de la Constitución Federal por utilizar su publicación “Semanario Desde la Fé” para oponerse a las leyes del país, específicamente al derecho a la no discriminación. 

Violación al artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto público por: Oponerse a las leyes del país, concretamente a la no discriminación contenido en el artículo 1º  de la Constitución Federal. 

No respetar las doctrinas ajenas a su religión porque fomenta un discurso que descalifica a quienes no coinciden con los dogmas de su credo, específicamente en cuanto a la definición y fines de la institución matrimonial. 

Actuar contra su deber de propiciar el respeto a los derechos humanos ya que promueven un discurso de discriminación hacia las personas con base a su orientación sexual. 

Violación al artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público por hacer proselitismo político al llamar a no votar por candidatos o partidos que apoyen el derecho a la no discriminación en su expresión de acceso al matrimonio entre personas del mismo sexo.

En Tijuana, México, la Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, A.C. se unió a la denuncia contra la Arquidiócesis de Tijuana A.R. por violación a la Constitución Federal y a la Ley de Asociaciones Religiosas durante un acto de culto público del Obispo Francisco Moreno Barrón. 

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