jueves, 7 de abril de 2016

Piden reclasificar y sentenciar por homicidio doloso por muerte de niños ABC

Realizan audiencia final en juicio penal
Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora, 7 abril 2016.- A 82 meses de ocurrido el incendio de la Guardería ABC en la que fallecieron 49 niñas y niños, y más de 70 resultaron afectados de por vida en su salud, hoy tuvo lugar la audiencia de derecho, última del proceso penal, siendo el siguiente paso la sentencia del juez lo cual podría ocurrir en no menos de quince días y sin un límite específico para emitirla.
Con la presencia de padres y madres de las víctimas directas, el juez, su secretaria, algunos inculpados, sus abogados, y abogados en representación de inculpados que no estuvieron presentes se realizó este día la que sería la última oportunidad para ofrecer elementos por las diversas partes, y para que el ministerio público diera lectura a sus acusaciones, así como sus consideraciones para buscar el sentido de la sentencia que habrá de emitir el juez.
La finalidad de la audiencia de derecho es fijar en definitiva la magnitud de la acusación y la magnitud de los hechos que se están ventilando, así como el tipo de responsabilidad de cada uno de los actores a quienes se les finca responsabilidad en la tragedia ABC.
La agente del ministerio público federal formuló conclusiones oportunamente donde estableció la responsabilidad penal en contra de los dueños de la guardería ABC, en contra de quien fue delegado del seguro social en Sonora, en contra de empleadas del seguro social, empleados de la Secretaría de Hacienda, empleados de protección civil, entre otros.
Lo anterior lo informó el abogado de aproximadamente treinta familias afectadas, Lorenzo Ramos Félix, quien agregó que lo siguiente es que en un término de quince días hábiles, más lo que se tome el juez en razón de la voluminosidad del expediente, se dicte sentencia.
Ramos Félix consideró que para ellos esta audiencia es muy importante porque mientras no salga de la primera instancia prácticamente está parado el caso, como ha sucedido pues tiene más de seis años en ésta.
Calificó como positivo el hecho de que la sentencia se pueda impugnar en caso de no ser favorable a las peticiones de las personas ofendidas. Incluso expresó que lo más seguro es que varios de ellas y sus abogados impugnen la resolución, con lo cual se iría a un tribunal unitario de circuito.
Auguró que la sentencia muy probablemente será en sentido condenatorio, pero por delitos culposos, con una penalidad muy baja, tal como lo planteó la agente del ministerio público. Sin embargo, es el juez el que va a determinar la responsabilidad penal de cada acusado. Podría considerar el delito de homicidio por las 49 niñas y niños, o el delito de homicidio en perjuicio de cada uno de ellos, es decir por 49 homicidios.
Es un caso muy complejo, porque son muchos los acusados y muchas las víctimas, indicó Ramos. Incluso algunos de los acusados son juzgados por dos o más delitos. Es por ello que han pasado casi siete años, sin que el caso se dé por terminado. La otra alternativa es que dado el cúmulo de deficiencias que había en la guardería es probable que pueda cambiar el delito de culposo (por imprudencia) a delito cometido con dolo eventual, convirtiéndolo en delito grave.
En la audiencia de derecho de la primera instancia del expediente 126/2009, el abogado representante de familias tanto de niñas y niños fallecidos, como lesionados, formuló alegatos finales en donde solicitó que al dictarse sentencia definitiva condenatoria contra los acusados, se les impongan las penas de prisión que cada uno con sus conductas, agravadas desde la perspectiva del dolo eventual, les corresponda, sin perjuicio de que se les condene a la reparación del pago material, moral e inmaterial que le deben a los ofendidos, padres y madres de los niños y las niñas víctimas.
Algunos de los argumentos son el descuido, desdén y falta total de interés para prevenir el siniestro. Tales actitudes, son atribuibles tanto a los asociados-propietarios de la Guardería ABC, como al Gobierno del Estado de Sonora, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Ayuntamiento del Municipio de Hermosillo, y a los empleados y servidores públicos, ahora acusados. Desde varios meses antes de que ocurriera la tragedia el 5 de junio de 2009, diversas instancias habían advertido a los socios-propietarios sobre el hecho de que no existía una ruta de escape segura que permitiese la evacuación inmediata de los infantes ante cualquier eventualidad. Tal ruta no existía, además de que no estaba funcionando la salida de emergencia. No existía un sistema activo contra incendios, que pudiese ser utilizado en caso de siniestro. El día de la catástrofe no hubo un solo extintor de fuego funcional.
La pésima distribución de espacios, además de la cercanía con la bodega en donde inició el fuego, pues compartían una pared común, lo cual se había advertido a los socios-propietarios, sin que hicieran nada al respecto. Se advirtió acerca del peligro que representaba la lona que circundaba en lo alto –como un falso plafón o techo- la cual tampoco accedieron los socios-propietarios a eliminar.
El peligro latente que significaba compartir pared con la bodega de Hacienda por archivar documentación variada y vehículos automotores, fue otro de los señalamientos no atendidos por los socios-propietarios de la guardería ABC, a pesar de conocer el peligro latente que dicha contigüidad implicaba para los infantes, ninguna gestión hicieron para conjurar dicho peligro. Del mismo modo, el sobrecupo de la estancia infantil fue un factor adicional de riesgo que los responsables de cuidar y proteger a los menores encomendados a su cuidado, nada hicieron por remediar.
Son de tal gravedad las omisiones y los actos desplegados por los acusados, que los mismos configuran el dolo eventual, una figura cuya viabilidad jurídica ha sido reconocida por la Primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis con registro 175604, donde asienta las diferencias entre el dolo directo y el dolo eventual, explicó Ramos Félix.
La audiencia se realizó en el Juzgado primero de distrito, y quien deberá emitir sentencia en primera instancia es el juez Raúl Martínez Martínez. 

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