Piden prórroga algunas madres de niñas y niños fallecidos
Silvia Núñez
Esquer
Hermosillo, Sonora, 3 febrero 2016.- Con el fin de tener la oportunidad de presentar sus
conclusiones, 17 familias representadas por la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas (CEAV) solicitaron que se difiriera la fecha de
la audiencia de derecho que se realizaría ayer en el juzgado primero
de distrito en esta ciudad.
La señora Julia
Escalante Barrios, madre de la niña Fátima Sofía Moreno Escalante,
fallecida junto con otros 48 niñas y niños en el incendio de la
Guardería ABC, subrogada del IMSS, informó que el pasado viernes 29
de enero fueron notificados de la diligencia final que se realizaría
ayer, por lo que consideraron que como parte ofendida tenían derecho
a presentar sus conclusiones, las cuales no son coincidentes con las
de la Procuraduría General de la República (PGR).
Escalante comentó
que tienen la certeza de que la PGR habría de concluir que todos los
acusados que figuran en el proceso penal de expediente 126/2009, por
los delitos de lesiones y otros, serían acusados por delitos no
graves, mientras que en sus conclusiones, las madres y padres
aseguran que hay pruebas para demostrar que son responsables por
delitos graves.
En tanto, Lorenzo
Ramos, abogado de otras 19 familias afectadas, explicó que este día
se realizaría la audiencia de derechos, en donde las partes ofrecen
sus alegatos, las víctimas tienen oportunidad de ofrecer elementos
por los que consideran que los acusados son culpables, y éstos
tienen la oportunidad de defenderse.
Ramos Félix precisó
que son 26 los acusados que próximamente serán sentenciados y
quienes tienen la opción de presentarse o no, al estar representados
por sus abogados en la audiencia. Posteriormente el juez tiene 15
días legales para dictar sentencia, aunque lo más probable es que
se tarde más dado el volumen del expediente, opinó.
En ésta, que sería
la última audiencia del caso penal, se darían a conocer las
conclusiones, pero un grupo de mamás presentó un escrito con la
finalidad de también presentar sus conclusiones, y pidieron que la
audiencia se difiriera 30 días, el juez consideró que si lo negaba
habría apelación y el caso se devolvería, por lo que decidió
concederla.
La audiencia de
derechos provocó grandes expectativas entre las madres y padres
afectados, así como entre personas que se han solidarizado con las
víctimas, quienes acudieron a las afueras del juzgado para
acompañarles.
El 5 de junio de
2009 se produjo un incendio en la estancia infantil subrogada del
IMSS, en donde eran cuidados casi 200 niñas y niños, de los cuales
perecieron 49, mientras que más de 70 resultaron con secuelas varias
de por vida.
La estancia
denominada Guardería ABC funcionaba en la mitad de una bodega
adaptada, mientras que en la otra mitad se resguardaban documentos y
otras pertenencias de la secretaría de Hacienda del Estado de
Sonora, mismas que quedaron completamente destruidas.
Tanto algunos de los
afectados como el abogado Ramos consideran que lo más probable es
que en las conclusiones de la PGR a los acusados se les encuentre
culpables, pero por delitos no graves, y lo que ellos van a solicitar
es que se reclasifique a delito grave por dolo eventual.
Después de seis
años y siete meses, la averiguación previa terminó, por lo que la
sentencia se dará en una fecha cercana. Ramos Félix quien
representa a 19 familias afectadas considera que al final lo que se
espera es que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
la que resuelva.
La función de la
PGR va a terminar con el resultado de la apelación, pues ya no tiene
nada más qué hacer ante una sentencia condenatoria o absolutoria.
En total son 26 acusados, quienes no tienen obligación de
presentarse a las audiencias pues son los abogados los que pueden
representarlos, pero sí tendrán que hacerlo cuando les den a
conocer la sentencia.
Todas las familias
afectadas así como los abogados que los representan, han concluido
que una vez que se emita la sentencia, acudirán a instancias
internacionales para continuar su demanda de justicia buscando una
sentencia al Estado mexicano por acción y omisión, así como por la
dilación de la justicia y el encubrimiento a los particulares
responsables de la muerte de 49 niñas y niños menores de 4 años de
edad, y las afectaciones de por vida de otros 70 más.
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