Silvia
Núñez Esquer
Hermosillo,
Son., 5 de febrero 2014.- Madres y padres afectados por el incendio de la
guardería ABC de esta ciudad, negaron que las supervisoras del IMSS que han
sido beneficiadas con la libertad estén exoneradas o absueltas de cargos por la
muerte de las 49 niñas y niños fallecidos en junio de 2009.
En
conferencia de prensa explicaron que Delia Irene Botello, única persona que
permanecía en la cárcel por el caso ABC, y quien saliera en libertad la
madrugada del 1 de enero de 2014, fue liberada bajo un incidente de
desvanecimiento de datos. Sin embargo, esto no significa que se le ha dictado
sentencia de inocencia.
Patricia Duarte
Franco y José Francisco García Quintana, padres de Andrés Alonso, niño que
perdió la vida en el incendio del 5 de junio de 2009, argumentaron que desde el
inicio de las investigaciones del caso el agente del Ministerio Público hizo
todo mal. El proceso “es un cochinero” por lo que hay graves deficiencias en el
mismo.
No
obstante, el Juez primero de distrito, Raúl Martínez en lugar de devolver el
expediente al MP para que haga una buena investigación, otorgó el beneficio de
la libertad. Y no sólo eso, sino que el día de ayer 4 de febrero basado en el
mismo criterio otorgó la libertad plena a otra de las supervisoras del IMSS
involucradas, Irma Crescencia Díaz Gómez.
Para
contrarrestar la información que se ha publicado en medios y ventilada por las
autoridades, fomentando la percepción de que ambas mujeres son inocentes y de
que no se cuenta con pruebas en su contra, los integrantes del Movimiento por
la justicia 5 de junio, mostraron documentos que obran en el expediente del
caso ABC.
Las
evidencias consistentes en reportes firmados por ambas supervisoras, muestran
cómo no sólo dan la máxima calificación en infraestructura, protección civil y
elementos de seguridad en la guardería ABC, sino rematan con comentarios
positivos y felicitaciones al calce de los reportes.
De igual
forma mostraron un documento en donde José Manuel Matiella Urquídes,
propietario del inmueble que compartían divididos por una pared la Guardería
ABC y la bodega contigua en donde inició el siniestro, fue el autor del
dictamen que avalaba al edificio como adecuado para operar una estancia
infantil. Para el caso Matiella Urquídes se ostentó como arquitecto egresado
del Tec de Monterrey con varios reconocimientos, por lo que elaboró un auto
peritaje.
El dueño de
la bodega cuya mitad se había acondicionado como estancia infantil, por la cual recibía 476 mil pesos de la
Secretaría de Hacienda como renta anual, además era a su vez tío de uno de los
socios de la Guardería ABC, Gildardo Urquídes.
Por todas
estas anomalías las y los afectados denunciaron que tanto el ministerio
público, como el entonces procurador del Estado y hoy diputado local Abel
Murrieta Gutiérrez, obedecieron órdenes de no tocar a ciertos personajes en las
investigaciones.
De ahí que
en el expediente ABC queda claro que hay personas que son responsables en
diferentes grados, que a la fecha aún no han sido llamados a declarar.
Irán a la
corte interamericana
El abogado
de las madres y padres del Movimiento 5 de junio, Lorenzo Ramos Félix, explicó
que dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó en su
investigación 1/2009, que en el caso ABC, se cometieron graves violaciones a
las garantías individuales de las niñas y niños y de sus familiares, es
candidato a llevarlo a esa instancia internacional.
Agregó que
cualquier autoridad de todos los niveles puede cometer violaciones a las
garantías individuales, pues el simple hecho de detener a un conductor y
pedirle su licencia de manejo constituye una violación.
Sin
embargo, las violaciones graves sólo las cometen funcionarios cuyo ámbito de
responsabilidad es amplia. Por esa razón insistió en que el ex gobernador
Eduardo Bours, así como los ex directores del IMSS Santiago Levi, Juan Molinar
Horcasitas y Daniel Karam, entre otros, no han sido interrogados, ni procesados
por el caso ABC.
Las
conclusiones de la investigación de la SCJN servirán como punto de partida para
solicitar la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
COIDH, pero eso será hasta que se dicte sentencia en México, a todos los
acusados, y por todos los delitos incluido el de homicidio de 49 niñas y niños,
y las lesiones graves a más de setenta, pues es requisito para que lo admita el
organismo internacional, finalizó.
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