OPINIÓN
Por Silvia Núñez Esquer*
El sexenio de Felipe Calderón será recordado por muchas razones. La principal son los miles de muertos que provocó al empecinarse en tomar como bandera la guerra contra el crimen organizado.
La sangre y la negligencia marcarán este periodo en México, pues no sólo se tiñó de rojo el país, sino que se dejaron de hacer cosas y se hicieron mal otras, con consecuencias funestas.
El 5 de junio de 2009 quedará como una de las grietas más grandes y profundas de la historia del país y del mundo. Que 49 niñas y niños se hayan muerto mientras eran “cuidados” en la Guardería ABC, es deleznable.
Hermosillo, capital de Sonora, la ciudad presumida por su progreso y desarrollo, falló a madres y padres que confiaron en las instituciones de cuidado infantil cobijadas por el Estado.
El reparto desmedido de concesiones para abrir guarderías subrogadas del IMSS al por mayor fue promovida en el sexenio de Vicente Fox como “el negocio pujante en crecimiento”, maliciosamente aprovechado por Calderón no sólo para continuar con el incremento de las estancias operadas por particulares, sino para crear el sistema más irresponsable de cuidado infantil del que se tiene memoria: las estancias infantiles Sedesol.
Las guarderías, llamadas eufemísticamente “estancias infantiles Sedesol”, son simples casas habitación operadas por mujeres, a quienes se les ofrece un autoempleo haciéndose cargo de las hijas e hijos de madres trabajadoras que pagan una cuota simbólica porque sus pequeños se queden en un lugar sin el mínimo estándar de calidad en servicios de cuidado y desarrollo infantil.
Sin cumplir con el espacio por cada niño, sin posibilidad de separación física por edades, sin baños colectivos para niñas y niños, sin un programa de trabajo vigilado por la Secretaría de Educación, mucho menos con espacios recreativos para la música, el baile, el canto o el deporte, imprescindibles en la educación inicial, son bombas de tiempo de colores atractivos y, además, premiadas por la ONU.
LA LEY 5 DE JUNIO Y LA JUSTICIA
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, surgido a raíz de la tragedia en la ABC, ha logrado una herramienta para homologar legal y obligatoriamente todas las guarderías, estancias, y centros de desarrollo infantil, privados, públicos y mixtos.
Las madres y padres del movimiento, así como las organizaciones de Derechos Humanos y académicas que les han acompañado, se convirtieron en la sombra de legisladores para que la iniciativa de Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil pudiera concretarse.
El 24 de octubre de 2011 fue publicada, tarde y presumiblemente mal. Con retraso, con resistencias, Felipe Calderón debió ceder y publicarla en el Diario Oficial de la Federación casi contra su voluntad y presionado por las manifestaciones de apoyo ciudadano a las y los afectados directos de ese 5 de junio.
La Ley 5 de Junio recoge muchas de las propuestas que los promotores hicieron. Gracias a ellos esta ley contiene definiciones, actores, responsabilidades, requerimientos de seguridad que deben tener los inmuebles, y contiene las instancias que discutirán y acordarán las directrices del sistema nacional de estancias infantiles.
Un Consejo y un Programa Nacional ya forman parte del nuevo vocabulario que habrán de adoptar todos quienes estén involucrados en la instalación, supervisión, uso, trabajo y autorización de un centro de atención infantil de cualquier tipo.
Sin embargo, Calderón parece estar impedido para hacer las cosas del todo bien. Con cuatro meses de retraso publicó el reglamento de la Ley 5 de junio, que como toda ley incómoda le produjo escozor, pues afecta muchos de los intereses creados y entretejidos por los poderes económicos, políticos y familiares en que está involucrado.
No es fácil de pronto romper el acuerdo de corte empresarial con los concesionarios de guarderías subrogadas del IMSS, a quienes se les prometió trabajar sobre el esquema de costo-beneficio, no con el espíritu de educación y desarrollo infantil.
Todavía no se visualizan algunas de las piezas del rompecabezas de la tragedia en la ABC, y las madres y padres ya trascendieron hacia la creación de una herramienta para evitar otra masacre, lo que forma parte del ciclo de la justicia.
Pero Calderón se resistió y tuvo que escuchar las enmiendas que la ciudadanía le hizo a su anteproyecto de reglamento que se filtró a través de las redes sociales, y el cual no pudo sostener.
Otra vez, las madres y padres interesados tuvieron que empujar en las instancias correspondientes para introducir los aspectos que son parte clave para que la Ley 5 de Junio funcione bien, y no sea una más de las leyes de adorno con que México cuenta.
Aún así, quien tiene la prerrogativa de publicar los reglamentos a las leyes generales, el Presidente de México, rasuró la parte de la participación ciudadana, así como de la profesionalización del personal que debe contratarse en las estancias infantiles.
Nada habla sobre cómo incidirán madres y padres usuarios de los centros de cuidado infantil, ni cuáles son los perfiles profesionales o de certificación con que deberán cumplir los operadores de estancias infantiles al contratar al personal.
Con esto, otra vez vemos una respuesta manca, corta, tibia, sin el ingrediente ciudadano para la toma de decisiones. Con la Ley 5 de Junio y su reglamento se avanza un descomunal trecho en cerrarle el paso a la negligencia, a la impunidad, y en lo que la SCJN llamó el desorden generalizado.
Ya nadie podrá hacer lo que le venga en gana en los centros de cuidado infantil, pues tendrán que operarse desde la perspectiva de los Derechos Humanos de niñas y niños.
En teoría no habrá más utilización de las y los menores de edad para comerciar con ellos. Pero sin los mecanismos claros de participación ciudadana en los organismos que tomarán las decisiones, los que mandarán seguirán siendo los mismos: las instituciones que han demostrado ser incapaces de proteger a la niñez.
A las madres y padres impulsores de la Ley 5 de Junio y su reglamento, se les debe un reconocimiento enorme porque con esto ponen la primera piedra para que su historia no se repita nunca más.
*Editora del blog mujersonora.com, corresponsal de CIMAC en Sonora, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF-Sonora).
12/SNE/RMB
Comunicado del Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio, relacionado a la publicación de reglamento de la Ley general de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
El sexenio de Felipe Calderón será recordado por muchas razones. La principal son los miles de muertos que provocó al empecinarse en tomar como bandera la guerra contra el crimen organizado.
La sangre y la negligencia marcarán este periodo en México, pues no sólo se tiñó de rojo el país, sino que se dejaron de hacer cosas y se hicieron mal otras, con consecuencias funestas.
El 5 de junio de 2009 quedará como una de las grietas más grandes y profundas de la historia del país y del mundo. Que 49 niñas y niños se hayan muerto mientras eran “cuidados” en la Guardería ABC, es deleznable.
Hermosillo, capital de Sonora, la ciudad presumida por su progreso y desarrollo, falló a madres y padres que confiaron en las instituciones de cuidado infantil cobijadas por el Estado.
El reparto desmedido de concesiones para abrir guarderías subrogadas del IMSS al por mayor fue promovida en el sexenio de Vicente Fox como “el negocio pujante en crecimiento”, maliciosamente aprovechado por Calderón no sólo para continuar con el incremento de las estancias operadas por particulares, sino para crear el sistema más irresponsable de cuidado infantil del que se tiene memoria: las estancias infantiles Sedesol.
Las guarderías, llamadas eufemísticamente “estancias infantiles Sedesol”, son simples casas habitación operadas por mujeres, a quienes se les ofrece un autoempleo haciéndose cargo de las hijas e hijos de madres trabajadoras que pagan una cuota simbólica porque sus pequeños se queden en un lugar sin el mínimo estándar de calidad en servicios de cuidado y desarrollo infantil.
Sin cumplir con el espacio por cada niño, sin posibilidad de separación física por edades, sin baños colectivos para niñas y niños, sin un programa de trabajo vigilado por la Secretaría de Educación, mucho menos con espacios recreativos para la música, el baile, el canto o el deporte, imprescindibles en la educación inicial, son bombas de tiempo de colores atractivos y, además, premiadas por la ONU.
LA LEY 5 DE JUNIO Y LA JUSTICIA
El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, surgido a raíz de la tragedia en la ABC, ha logrado una herramienta para homologar legal y obligatoriamente todas las guarderías, estancias, y centros de desarrollo infantil, privados, públicos y mixtos.
Las madres y padres del movimiento, así como las organizaciones de Derechos Humanos y académicas que les han acompañado, se convirtieron en la sombra de legisladores para que la iniciativa de Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil pudiera concretarse.
El 24 de octubre de 2011 fue publicada, tarde y presumiblemente mal. Con retraso, con resistencias, Felipe Calderón debió ceder y publicarla en el Diario Oficial de la Federación casi contra su voluntad y presionado por las manifestaciones de apoyo ciudadano a las y los afectados directos de ese 5 de junio.
La Ley 5 de Junio recoge muchas de las propuestas que los promotores hicieron. Gracias a ellos esta ley contiene definiciones, actores, responsabilidades, requerimientos de seguridad que deben tener los inmuebles, y contiene las instancias que discutirán y acordarán las directrices del sistema nacional de estancias infantiles.
Un Consejo y un Programa Nacional ya forman parte del nuevo vocabulario que habrán de adoptar todos quienes estén involucrados en la instalación, supervisión, uso, trabajo y autorización de un centro de atención infantil de cualquier tipo.
Sin embargo, Calderón parece estar impedido para hacer las cosas del todo bien. Con cuatro meses de retraso publicó el reglamento de la Ley 5 de junio, que como toda ley incómoda le produjo escozor, pues afecta muchos de los intereses creados y entretejidos por los poderes económicos, políticos y familiares en que está involucrado.
No es fácil de pronto romper el acuerdo de corte empresarial con los concesionarios de guarderías subrogadas del IMSS, a quienes se les prometió trabajar sobre el esquema de costo-beneficio, no con el espíritu de educación y desarrollo infantil.
Todavía no se visualizan algunas de las piezas del rompecabezas de la tragedia en la ABC, y las madres y padres ya trascendieron hacia la creación de una herramienta para evitar otra masacre, lo que forma parte del ciclo de la justicia.
Pero Calderón se resistió y tuvo que escuchar las enmiendas que la ciudadanía le hizo a su anteproyecto de reglamento que se filtró a través de las redes sociales, y el cual no pudo sostener.
Otra vez, las madres y padres interesados tuvieron que empujar en las instancias correspondientes para introducir los aspectos que son parte clave para que la Ley 5 de Junio funcione bien, y no sea una más de las leyes de adorno con que México cuenta.
Aún así, quien tiene la prerrogativa de publicar los reglamentos a las leyes generales, el Presidente de México, rasuró la parte de la participación ciudadana, así como de la profesionalización del personal que debe contratarse en las estancias infantiles.
Nada habla sobre cómo incidirán madres y padres usuarios de los centros de cuidado infantil, ni cuáles son los perfiles profesionales o de certificación con que deberán cumplir los operadores de estancias infantiles al contratar al personal.
Con esto, otra vez vemos una respuesta manca, corta, tibia, sin el ingrediente ciudadano para la toma de decisiones. Con la Ley 5 de Junio y su reglamento se avanza un descomunal trecho en cerrarle el paso a la negligencia, a la impunidad, y en lo que la SCJN llamó el desorden generalizado.
Ya nadie podrá hacer lo que le venga en gana en los centros de cuidado infantil, pues tendrán que operarse desde la perspectiva de los Derechos Humanos de niñas y niños.
En teoría no habrá más utilización de las y los menores de edad para comerciar con ellos. Pero sin los mecanismos claros de participación ciudadana en los organismos que tomarán las decisiones, los que mandarán seguirán siendo los mismos: las instituciones que han demostrado ser incapaces de proteger a la niñez.
A las madres y padres impulsores de la Ley 5 de Junio y su reglamento, se les debe un reconocimiento enorme porque con esto ponen la primera piedra para que su historia no se repita nunca más.
*Editora del blog mujersonora.com, corresponsal de CIMAC en Sonora, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF-Sonora).
12/SNE/RMB
Comunicado del Movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio, relacionado a la publicación de reglamento de la Ley general de prestación de servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.
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