Denuncia hostigamiento

Actitud persecutoria de la Procuraduría de la defensa del menor

La acusan de sobreproteger a su hija

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Son, 11 mayo 08.- Mientras a algunas madres de familia se les acusa de maltrato, negligencia o abandono de sus hijas o hijos, en Ciudad Obregón, Sonora se ha presentado un caso insólito donde la Subprocuraduría de la defensa del menor, se ha dado a la tarea de investigar por acusación anónima a la Señora Teresa Ugarte de Fernández por una presunta sobreprotección a su hija Tracy.

En un caso sin precedente, Ugarte Ruiz fue denunciada aparentemente en forma anónima a la subprocuraduría que se ubica en el municipio de Cajeme, después de una lucha como madre de familia de la secundaria técnica número dos de ciudad Obregón, institución donde su hija estudia el tercer año.

Fue en agosto de 2006 cuando Teresa Ugarte quien es egresada de esa secundaria al igual que su hija mayor Kimberly, exhibió la situación de abandono y descuido en que se encuentran las y los alumnos del turno vespertino ya que la característica principal era la ausencia constante de varios maestros, así como la falta de información acerca de los planes de estudio que permitieran el apoyo en casa con tareas y ejercicios.

Después de la denuncia pública, la directora Blanca Isabel Saldaña Garcia, quien lleva dos ciclos escolares y cinco meses como directora de la escuela, en ambos turnos, tomó represalia contra Ugarte quien se había convertido en el dolor de cabeza de funcionarios y maestros al proponerse un monitoreo que registrase las faltas, retardos y fallas en contenidos programáticos de las materias correspondientes.

Fue así que la madre de familia en compañía de otros padres y madres de la secundaria técnica número dos evidenciaron la falta de liderazgo de la dirección, ya que no existía ningún método para corregir las fallas.

Por el contrario, el movimiento por una mejor calidad de la educación, generó que las autoridades escolares acudieran a la Procuraduría de la Defensa del menor y la familia, a través de la subprocuraduría en Cajeme, para castigar a Ugarte de Fernández denunciándola por el “daño que provocaba a su hija” con su comportamiento “obsesivo” hacia la misma, cuando en realidad se trataba de un proceso documentado de monitoreo a las actividades de la escuela.

La madre de familia narra que desde el primer día de clases se marcó la tendencia, ya que no se impartió ninguna materia porque los horarios estaban mal, tanto en el turno de la mañana como en la tarde. Del segundo al cuarto días sólo tuvieron taller, y el quinto, taller y otra clase más.
Ese día la propia directora le dijo que le recomendaba que mejor no mandara a su hija a la escuela ya que esa semana no habría nada de clases. Pero es ahí donde ella decidió quedarse a vigilar a los maestros para cotejar que resolvieran el problema lo más pronto posible.

Así se percató de que en la segunda semana continuó la tendencia, perdiendo entre ocho y diez clases que no recibieron.

En septiembre concluyó que la situación no se compondría, pues ella envió el día 29 una carta a la Asociación de padres de la Secundaria Técnica número dos, en donde les pedía que checaran lo que estaba pasando y que ella pedía que se impartieran las clases con “responsabilidad, regularidad, puntualidad, calidad y espíritu de servicio”, lo cual describe el código de ética y de conducta de los trabajadores de la educación.

Igualmente solicitaba a la asociación el monitoreo de la planeación diaria y semanal de las materias ya que algunas le parecían improvisadas. La respuesta fue que la organización no puede intervenir en contenidos, sólo en el manejo de recursos económicos.

Fue así que varias madres y padres de familia decidieron enviar cartas a la Secretaría de Educación y Cultura SEC, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDH, al gobernador del Estado y para la Asociación Estatal de Padres de Familia. A la vez, el 17 de octubre de 2006 las madres que participaban en esta protesta, fueron entrevistadas por la periodista Claudia Guadalupe Pérez del diario Tribuna del Yaqui, a las afueras de la escuela, con lo que el caso trascendió en los medios de comunicación.

Por su parte, en la entrevista que le hicieran a la directora Saldaña, ella señaló a Teresa Ugarte como quien encabezaba el movimiento, y la acusaba de tener “un problema muy especial y particular con su hija”.

En consecuencia, la directora se presentó el día 20 del mismo mes a la subprocuraduría de la defensa del menor y solicitó que apoyaran psicológicamente a la señora Ugarte, ya que “se pasaba todo el día en la escuela”, a lo que Ugarte aclara que ella permanecía mientras su hija no tuviera clases para vigilar y monitorear las materias que no habían sido impartidas, y así llevar un record que documentara su queja, que había interpuesto incluso en la línea de la educación.

Ante este comportamiento, la directora argumentó en su carta a la subprocuraduría que la madre de familia estaba dañando a su hija “porque le pone demasiada atención” a lo que Ugarte comenta que tenía que observar ya que las faltas de los maestros eran constantes y en el mejor de los casos llegaban entre veinte y veinticinco minutos tarde.

Todo lo anterior sirvió para que la entonces Subprocuradora de la defensa del menor y la familia, Martha Amelia Paz Encinas, ordenara someter a una evaluación psicológica a la alumna Tracy Fernández hija de Teresa Ugarte, misma que fue practicada por el Psicólogo adscrito Ivan Machado Zavala.

En su reporte del 22 de noviembre de 2006, Machado Zavala asegura: “por los resultados obtenidos en la evaluación y entrevista realizadas a la menor Tracy Fernández, se puede determinar que NO EXISTE AFECTACIÓN PSICOLÓGICA por parte del comportamiento que presenta la C. MARÍA TERESA UGARTE RUIZ”.

Fue en el Sexenio de Eduardo Bours como gobernador de Sonora, el cual vive su quinto año, que el nombre de la dependencia mencionada responsable de vigilar por el bienestar de las y los menores, cambió de nombre y agregó: “y la familia”.

Desde entonces, ha desatado una actitud persecutoria hacia las madres de familia, caracterizándose por proceder sin averiguación previa cualquier queja anónima hacia ellas, sin que medie un procedimiento previo a la comparecencia. Tampoco existe una Norma Oficial Mexicana NOM para estos casos, a la cual puedan acogerse las madres, como sí la hay para la violencia intrafamiliar.

Teresa Ugarte, ha denunciado estas irregularidades de la Procuraduría de la defensa del menor, ya que además al solicitar el nombre del o la denunciante en su contra, le negaron al sostener que había sido anónima.

No obstante, alguien le proporcionó una copia de una carta enviada por la directora de la escuela Blanca Saldaña, dirigida al entonces Secretario de Educación Horacio Soria Salazar, con fecha 4 de diciembre de 2006, en donde expone su versión del caso y afirma que la Sra. Ugarte “se encuentra recibiendo terapia psicológica de forma obligada” lo cual nunca ha ocurrido, dado el reporte del psicólogo de la procuraduría.

Teresa Ugarte, quien no claudicó en su lucha y con el resultado en sus manos, hizo uso de las herramientas ciudadanas. Acudió a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora LAIPES, para solicitar dos cosas: la planeación semanal o por unidad didáctica de cada una de las materias que se imparten al Tercero “L” turno vespertino, de la Secundaria Técnica número dos, de Ciudad Obregón, a la Secretaría de Educación y Cultura.

También solicitó el escrito en donde la directora del plantel la denuncia por su comportamiento “obsesivo” que generó la actuación de la subprocuraduría hacia ella y su hija. Esta carta fue entregada el 20 de octubre de 2006, en papel membretado de la escuela y firmada por Blanca Saldaña en su calidad de directora.

Las peticiones fueron rechazadas aduciendo que “la información se encuentra clasificada como reservada, en términos de los dispuesto por los artículos 21, fracción IX de la LAIPES”.
Sin embargo, quien se convirtiera en activista por la calidad en la educación, recurrió al Tribunal Estatal Electoral y de Transparencia Informativa, para solicitar un recurso de revisión. Esto ha traído como consecuencia que haya conseguido los documentos necesarios para comprobar sus dichos, los cuales se encierran en una sola idea: más calidad en la educación.