Silvia Núñez Esquer | Hermosillo, Sonora | 3 de agosto de 2020
Colectivas de mujeres de Sonora pidieron a la 62 legislatura del Congreso del Estado de Sonora que se apruebe una reforma que sea clara, pues el dictamen que se aprobó el viernes 31 de julio sobre la llamada “Ley Olimpia” es confuso y no queda claro el delito.
En rueda de prensa virtual y con la participación de Olimpia Coral Melo, en cuyo caso se inspiran las reformas llamadas con su nombre en todo el país, dieron a conocer un posicionamiento en relación al dictamen aprobado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y la Comisión para la igualdad de género unidas, sobre la Ley Olimpia.
Olimpia Coral expuso que los delitos digitales abarcan diferentes temas, y que la Ley Olimpia lo acota a delitos sexuales digitales pues no se cuenta con sanción para estos, pero sí hay presencia de mercados de explotación sexual.
Informó que los municipios con mayor presencia de videos y otras publicaciones sexuales sin consentimiento son Hermosillo, Álamos, Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco.
Ante la confusión del dictamen que llegará al pleno, en donde se discutirá y en su caso se aprobará el paquete legislativo, se hará llegar el comunicado al congreso y al gobierno del Estado. Insistió en que con ello no pretenden frenar el proceso legislativo, pero “parecería que no se está tomando en cuenta las propuestas de la ciudadanía”, pues aprobaron un dictamen confuso.
En caso de que no se hagan las modificaciones, valorarán si realizan otras acciones desde las colectivas, pues la Ley Olimpia va más allá de la palabra sexual. El problema del dictamen lo ubican en la ambigüedad de la redacción, pues no se entiende.
Denunciaron la opacidad de la Comisión de justicia y derechos humanos, al no propiciar la participación de las mujeres en Sonora en los procesos legislativos, pues el análisis se ha hecho al margen de ellas.
La Ley Olimpia es un conjunto de reformas que reconocen, castigan y previenen la violencia digital, las cuales han sido aprobadas en veintidós Estados de la República y ha sido redactada desde la perspectiva victimológica, digital y de género, expresó Olimpia Melo.
Según datos del Módulo de ciberacoso (Mociba), al menos nueve millones de mujeres han experimentado algún tipo de ciberacoso, esto sin contar que cada día existen al menos tres víctimas de violencia sexual perpetuada y agravada a través de las tecnologías de la información y comunicación.
En Sonora según datos del patrullaje e investigación de defensorasdigitales.org, existen al menos 234 mercados de explotación sexual donde se exhiben fotografías, videos, audios e imágenes sexuales de mujeres y niñas que no dieron su consentimiento para ello, se ha normalizado esta práctica a través de redes sociales como twitter y Facebook, donde existen hasta mil ochocientos videos difundidos.
Los municipios de Sonora en donde más se presenta esta violencia digital son Hermosillo, Álamos, Navojoa, Nogales y Puerto Peñasco, mismos que presentan el mayor número de casos.
Las colectivas firmantes hicieron hincapié en el machismo que prevalece en el Congreso de Sonora, condenando la actitud de algunos diputados que intentan imponerse sobre sus compañeras en las sesiones, aún en los temas que solo competen y afectan a las mujeres.
Ejemplo de ello son las expresiones desafortunadas captadas en las sesiones de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, particularmente en las sesiones de coordinación con la Comisión para la igualdad de género, para dictaminar la llamada “Ley Olimpia”, en donde el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos se dirigió en forma por demás violenta hacia una diputada.
No es esta la única vez en que los diputados varones exhiben su ignorancia sobre el tema de la violencia de género, pues no solo opinan y votan sin conocimiento del proceso de las leyes que se proponen, sino que además se posicionan como virtuales seres superiores a las mujeres, al tratarlas como si las estuvieran corrigiendo, infantilizando la investidura de las legisladoras, comentaron.
El pasado viernes 31 de julio en la sesión de comisiones dictaminadoras unidas, el diputado Urbina insinuó a María Dolores Del Rio, integrante de la Comisión para la igualdad de género que debería de abstenerse de informar públicamente su opinión expresando “no se vale desinformar”, con lo que incita a la censura de la libertad de expresión de la legisladora.
Por otra parte, al finalizar la sesión calificó de “inmadurez” las observaciones de la misma legisladora, con lo cual intenta calificar los dichos de su compañera y par en la labor legislativa, sin tener ninguna facultad para ello.
Por esa razón, las colectivas firmantes del comunicado expresaron que el diputado Jesús Eduardo Urbina Lucero, debe ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres a las que ha ofendido al minimizar las opiniones y propuestas de su compañera diputada.
En su posicionamiento también externaron su preocupación por el intento reiterado de politización y resistencias que ha acompañado este proceso de tipificación. Desde el primer dictamen de la Ley Olimpia en Sonora se incluyó un artículo que no correspondía con la propia naturaleza de la ley, por lo que algunos medios de comunicación le denominaron “Ley Mordaza”.
El acto develó tanto un problema de fondo como una grave violación al proceso legislativo, pues dicho artículo no se inscribía dentro del proyecto originalmente aprobado en comisiones.
Criticaron la limitada transparencia con la que se ha conducido la actual legislatura, particularmente al interior de las comisiones, lo cual se ha visto acentuado en el desarrollo de los temas de la agenda de género, con prácticas ilegales y procesos legislativos opacos que dificultan las discusiones al interior de las comisiones, dijeron.
Finalmente expresaron que algo que les cuesta mucho trabajo comprender a los diputados y algunas diputadas es que no pueden seguir legislando a nombre de “las mujeres”, pero sin la voz de las ciudadanas, grupos y colectivas de mujeres.
Los espacios legislativos han pretendido ser cofradías donde los hombres, en su abrumadora mayoría, se imponen para decidir lo que desde su postura privilegiada “conviene a las mujeres”, decisiones que impactan las vidas de ellas y derechos, generalmente de manera negativa, tal como ha sucedido al criminalizar el derecho humano que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, por citar un ejemplo. Por ello exigen estar en los espacios donde se toman las decisiones y participar en los procesos legislativos.
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