domingo, 28 de septiembre de 2014

Gisela Peraza Villa espera justicia



Una más de las víctimas del sexenio

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Son., 25 sep. 2014.- Tres años después de que empezara su calvario, Gisela Peraza Villa, ex empleada doméstica de la familia Padrés Dagnino, se encuentra de nuevo como al principio: acusada, sin pruebas, sin haber confesado su participación en un supuesto robo en la casa de gobierno, y en espera de que termine el sexenio de Guillermo Padrés, pues tanto ella como su familia lo consideran el plazo para que ella salga de su cautiverio en el Centro de readaptación social.

A casi un año de la recomendación 54/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida para el gobierno del Estado por la tortura a que fue sometida por elementos de la Policía Estatal Investigadora con el fin de obtener su confesión, el proceso se ha repuesto, pues estaba plagado de irregularidades. 

Sin embargo, la familia considera que en realidad Gisela no saldrá de prisión hasta que termine el periodo de Guillermo Padrés, el cual concluirá en 2015. Sin haber acreditado una sola de las acusaciones, a Gisela se le dictó sentencia de cuatro años, sin ningún beneficio y sin derecho a fianza. La sanción quedó sin efecto por apelación y se ordenó la reposición del proceso judicial dadas las fallas e irregularidades con que procedieron principalmente los elementos de la Policía Estatal Investigadora, que dependen de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

El 19 de junio la trasladaron a San Luis Río Colorado, Sonora, frontera con su homólogo de Estados Unidos, a 804 kilómetros de Hermosillo sin explicación alguna y sólo ante la insistencia a la familia le respondieron que “por su seguridad”. Para el 19 de septiembre, tres meses después,  le informaron que se concedió el amparo que interpuso por lo que la traerán en cualquier momento al Cereso femenil de Hermosillo.

La ley concede a las personas en reclusión que puedan estar internas en el Centro de readaptación más cercano a su familia. Es un principio humanitario que se rompió con Gisela pues como castigo psicológico se le envió a uno de los más lejanos: el de Huatabampo, al sur de Sonora, ubicado a 356 kilómetros de esta capital.

Durante su estancia en ese lugar la familia se desgastó económica y emocionalmente pues percibían un riesgo para la integridad de su familiar ya que desde el principio advirtieron los mecanismos de tortura a que fue sometida con el propósito de que confesara que ella había sido autora del robo. Todo lo cual quedó expreso y documentado en la recomendación que hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de octubre de 2013.

Ahí quedó asentado cómo y quiénes torturaron a Gisela Peraza con el fin de que se confesara culpable del delito de robo. No obstante, Gisela se sostuvo y se ha sostenido en que ella no tenía conocimiento del supuesto robo en la casa del gobernador.  

Empleada de toda la confianza de la familia Padrés Dagnino, Gisela Peraza Villa vivió arraigada en un hotel local, sin atención médica no obstante que presentaba los signos de haber sido golpeada, pateada, y violentada psicológicamente al igual que el encargado de la seguridad de la casa de gobierno, con quien supuestamente cometió el delito. En ambos casos, la versión oficial de las autoridades fue que estando bajo arraigo los encargados del hotel escucharon ruidos en ambas habitaciones, por lo que acudir a revisar los encontraron gritando y golpeándose contra la base de la cama que es de cemento, lo que produjo los hematomas en pies, brazos y algunos en la cabeza. 

La CNDH en su recomendación 54/2013, asienta que esto es inverosímil pues la versión parece producto de un guión pre escrito y el discurso es idéntico para ambos.  Igualmente establece que intervino ante queja de la familia, pues su homóloga estatal, la CEDH había determinado que no hubo tortura. 

Aunado a lo anterior describe cómo encontrándose en el penal de Huatabampo, Sonora, el 22 de septiembre de 2011 con el fin de realizar entrevistas a personal y la interna Villa Peraza, la directora del mismo acudió personalmente y en forma violenta retiró a los visitadores de la CNDH, además de que les arrebató la cámara de video en donde grababan los testimonios. 

Días de cárcel                                                                                
                                           
El castigo oculto iniciaba apenas cuando salió del arraigo el 2 de junio de 2011. Ahí fue cuando la trasladaron por dos días al Cereso 1 de Hermosillo, y ahí aprendió en carne propia cómo reciben a las internas cuando hay órdenes de “trato especial”. Esa misma noche entraron dos personas, la golpearon, a pesar de que supo después que se encontraba en una celda de castigo, por lo que debió haber estado encerrada bajo llave, lo cual no ocurrió, según pudo constatar por la visita nocturna que recibió. 

Delma Peraza Villa, hermana de Gisela nos puso al tanto de que en esos días la dejaron sin su vestimenta,  sin zapatos, y le proporcionaron ropa trozada que no era de ella. Así fue como empezó sus días de cárcel en donde no permitieron a la familia verla, pues ella “necesitaba adaptarse al Cereso”, por lo que no podía recibir visitas. El sábado, día de visita, la familia insistió, pero también se los negaron con el pretexto de que no tenían todavía la credencial que se otorga para que puedan entrar al local.

Pero la desesperación llegó a la familia y empezaron a presionar por fuera del Cereso, al grado de que madre y hermana empezaron a gritar que si dónde estaba Gisela “¿Qué le han hecho?” Era una de sus preguntas gritadas. “Hasta que un guardia de ahí se compadeció” dice Delma y despistadamente les dijo: “Busquen en Huatabampo”. Entonces recordarían la sentencia que la señora Padrés le dijo a su hermana cuando ocurrió la retención inicial (ilegal según la CNDH) en la casa de gobierno: “Te voy a mandar a la cárcel más lejana para que no te puedan ir a visitar”.

Más adelante, en su recomendación la CNDH también tocaría el tema: “Sufrió una retención ilegal, toda vez que no fue puesta a disposición de la autoridad ministerial hasta aproximadamente ocho horas después de su detención”. 

Afectada en su salud, la madre acompañada de más familiares viajó a Huatabampo para buscar a Gisela. Ante la insistencia la directora permitió que la mamá la viera por cinco minutos. Ahí fue donde la señora advirtió los golpes, la precariedad de la ropa ajena, y la ausencia de zapatos. 

Un año después y sin explicación alguna la trasladaron al Cereso 1 de Hermosillo, al tiempo que le dictaron sentencia de cuatro años por el delito de robo simple de noche. Sintiéndose respaldada por la CNDH con quien ya se había entrevistado en Huatabampo, empezó una vida más tranquila, aunque permanece la discriminación contra ella, pues no le permiten que continúe su preparatoria, ni que trabaje, ni que aprenda a configurar manualidades, ni participe en los talleres de lectura, como lo hacen todas las internas que así lo deciden. A Gisela, como castigo adicional no le aprueban ninguna de las solicitudes que ha llenado, la segregación es evidente.  

Su ánimo ha decaído y la reclusión se le empieza a notar en la piel y en padecimientos que antes no tenía, dice Delma. Dolor de brazo, dolor de cabeza, son algunas de las secuelas de los golpes y jaloneos que recibió en la primera detención, que después la CNDH  tomaría en cuenta como parte de la tortura de la que fue víctima. 

El 19 de junio de 2014, tal como había sido en las ocasiones anteriores, Gisela Peraza fue llevada a otro penal sin ninguna explicación. En este caso a SLRC, de lo cual se enteraron por una compañera interna que les soltó a boca de jarro: “Se llevaron a tu hermana”. De inmediato la familia empezó de nuevo con la tarea de rastrear a su familiar. El cuadro que encontraron en el Cereso 1 les llamó la atención pues se advertía una revolución entre limpieza general, reparación de pintado de paredes, y mucha gente trabajando en las mejoras. ¿Ocurrió algo especial? Preguntamos. Sí, ese día tendrían la visita de la CNDH. Su conclusión es que la apartaron para impedir que hablara con los visitadores del organismo.

Aislada, sin saber por qué estaba en la celda de castigo, sin derecho a llamadas, sin poder recibir comida, Gisela tuvo la suerte de que una interna de esa penitenciaría era conocida, por lo que sabiendo cuáles son  los métodos de traslado, decidió llamar a la familia en Hermosillo para informarles que Gisela estaba ahí y con órdenes de no recibir visitas. 

La familia acudió al penal de Hermosillo para indagar sobre los hechos,  en tanto Gisela advertía a los encargados del penal de SLRC, que tenía instrucciones de la CNDH de que cualquier violación a sus derechos humanos se los comunicara de inmediato para actuar en consecuencia. 

Mientras vive su propio horror Gisela Peraza atestigua aberraciones que se cometen contra otras de las compañeras. Delma, su hermana nos cuenta el relato del último traslado mismo que fue en compañía de otra interna, originaria de SLRC quien había pedido que la trasladaran a Hermosillo para que le practicaran una cirugía que no podían hacerle en San Luis. La cirugía fue realizada, pero la regresaron al penal sin medicamentos, sin las mínimas condiciones de asepsia, y durante el camino, con la herida abierta, con el dolor a flor de piel, en realidad encarnaba la huída forzada por los responsables de la integridad de las mujeres en reclusión  para alejarla, igual que a Gisela,  de los visitadores de la CNDH.

El tiempo definido en la primera sentencia coincide con el término del sexenio del actual gobernador, acusador directo por robo de 450 mil pesos en efectivo y 250 mil en joyas,  que, aclara Delma Peraza a la familia le han comentado verbalmente que Gisela se robó cinco millones, mismos que por cierto, no han aparecido hasta el momento. 

Al jefe de seguridad de la casa de gobierno, Roberto Munro, le han tomado tres declaraciones. En la primera dice que ambos robaron el dinero, en la segunda expresa que fue él solo, y en la tercera dice que ninguno de los dos robó, pero que confesó presionado por la tortura. 

Gisela está decaída, ya no habla de planes. Por recomendación de la CNDH le proporcionan terapia psicológica, su madre se hizo hipertensa. La familia ha hecho gastos que no haría en toda su vida para poder apoyar a su hermana. Son tres los abogados que han llevado el caso, pues los dos primeros recibieron amenazas para que dejaran el caso. Por todo eso, Gisela ha concluido: “Yo no voy a salir de aquí, mientras el señor no salga del gobierno”, y no hay plazo que no se cumpla.

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