Una más de
las víctimas del sexenio
Silvia
Núñez Esquer
Hermosillo,
Son., 25 sep. 2014.- Tres años después de que empezara su calvario, Gisela
Peraza Villa, ex empleada doméstica de la familia Padrés Dagnino, se encuentra
de nuevo como al principio: acusada, sin pruebas, sin haber confesado su
participación en un supuesto robo en la casa de gobierno, y en espera de que
termine el sexenio de Guillermo Padrés, pues tanto ella como su familia lo consideran
el plazo para que ella salga de su cautiverio en el Centro de readaptación
social.
A casi un
año de la recomendación 54/2013 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, emitida
para el gobierno del Estado por la tortura a que fue sometida por elementos de
la Policía Estatal Investigadora con el fin de obtener su confesión, el proceso
se ha repuesto, pues estaba plagado de irregularidades.
Sin
embargo, la familia considera que en realidad Gisela no saldrá de prisión hasta
que termine el periodo de Guillermo Padrés, el cual concluirá en 2015. Sin
haber acreditado una sola de las acusaciones, a Gisela se le dictó sentencia de
cuatro años, sin ningún beneficio y sin derecho a fianza. La sanción quedó sin
efecto por apelación y se ordenó la reposición del proceso judicial dadas las
fallas e irregularidades con que procedieron principalmente los elementos de la
Policía Estatal Investigadora, que dependen de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Sonora.
El 19 de
junio la trasladaron a San Luis Río Colorado, Sonora, frontera con su homólogo
de Estados Unidos, a 804 kilómetros de Hermosillo sin explicación alguna y sólo
ante la insistencia a la familia le respondieron que “por su seguridad”. Para
el 19 de septiembre, tres meses después,
le informaron que se concedió el amparo que interpuso por lo que la
traerán en cualquier momento al Cereso femenil de Hermosillo.
La ley concede a las personas en reclusión que puedan estar internas en
el Centro de readaptación más cercano a su familia. Es un principio humanitario
que se rompió con Gisela pues como castigo psicológico se le envió a uno de los
más lejanos: el de Huatabampo, al sur de Sonora, ubicado a 356 kilómetros de
esta capital.
Durante su estancia en ese lugar la familia se desgastó económica y
emocionalmente pues percibían un riesgo para la integridad de su familiar ya
que desde el principio advirtieron los mecanismos de tortura a que fue sometida
con el propósito de que confesara que ella había sido autora del robo. Todo lo
cual quedó expreso y documentado en la recomendación que hiciera la Comisión
Nacional de Derechos Humanos de fecha 31 de octubre de 2013.
Ahí quedó asentado cómo y quiénes torturaron a Gisela Peraza con el fin
de que se confesara culpable del delito de robo. No obstante, Gisela se sostuvo
y se ha sostenido en que ella no tenía conocimiento del supuesto robo en la
casa del gobernador.
Empleada de toda la confianza de la familia Padrés Dagnino, Gisela
Peraza Villa vivió arraigada en un hotel local, sin atención médica no obstante
que presentaba los signos de haber sido golpeada, pateada, y violentada
psicológicamente al igual que el encargado de la seguridad de la casa de
gobierno, con quien supuestamente cometió el delito. En ambos casos, la versión
oficial de las autoridades fue que estando bajo arraigo los encargados del
hotel escucharon ruidos en ambas habitaciones, por lo que acudir a revisar los
encontraron gritando y golpeándose contra la base de la cama que es de cemento,
lo que produjo los hematomas en pies, brazos y algunos en la cabeza.
La CNDH en su recomendación 54/2013, asienta que esto es inverosímil
pues la versión parece producto de un guión pre escrito y el discurso es
idéntico para ambos. Igualmente
establece que intervino ante queja de la familia, pues su homóloga estatal, la
CEDH había determinado que no hubo tortura.
Aunado a lo anterior describe cómo encontrándose en el penal de
Huatabampo, Sonora, el 22 de septiembre de 2011 con el fin de realizar
entrevistas a personal y la interna Villa Peraza, la directora del mismo acudió
personalmente y en forma violenta retiró a los visitadores de la CNDH, además
de que les arrebató la cámara de video en donde grababan los testimonios.
Días de cárcel
El castigo oculto iniciaba apenas cuando salió del arraigo el 2 de junio
de 2011. Ahí fue cuando la trasladaron por dos días al Cereso 1 de Hermosillo,
y ahí aprendió en carne propia cómo reciben a las internas cuando hay órdenes
de “trato especial”. Esa misma noche entraron dos personas, la golpearon, a
pesar de que supo después que se encontraba en una celda de castigo, por lo que
debió haber estado encerrada bajo llave, lo cual no ocurrió, según pudo
constatar por la visita nocturna que recibió.
Delma Peraza Villa, hermana de Gisela nos puso al tanto de que en esos
días la dejaron sin su vestimenta, sin
zapatos, y le proporcionaron ropa trozada que no era de ella. Así fue como
empezó sus días de cárcel en donde no permitieron a la familia verla, pues ella
“necesitaba adaptarse al Cereso”, por lo que no podía recibir visitas. El
sábado, día de visita, la familia insistió, pero también se los negaron con el
pretexto de que no tenían todavía la credencial que se otorga para que puedan
entrar al local.
Pero la desesperación llegó a la familia y empezaron a presionar por
fuera del Cereso, al grado de que madre y hermana empezaron a gritar que si
dónde estaba Gisela “¿Qué le han hecho?” Era una de sus preguntas gritadas.
“Hasta que un guardia de ahí se compadeció” dice Delma y despistadamente les
dijo: “Busquen en Huatabampo”. Entonces recordarían la sentencia que la señora
Padrés le dijo a su hermana cuando ocurrió la retención inicial (ilegal según
la CNDH) en la casa de gobierno: “Te voy a mandar a la cárcel más lejana para
que no te puedan ir a visitar”.
Más adelante, en su recomendación la CNDH también tocaría el tema:
“Sufrió una retención ilegal, toda vez que no fue puesta a disposición de la
autoridad ministerial hasta aproximadamente ocho horas después de su
detención”.
Afectada en su salud, la madre acompañada de más familiares viajó a
Huatabampo para buscar a Gisela. Ante la insistencia la directora permitió que
la mamá la viera por cinco minutos. Ahí fue donde la señora advirtió los
golpes, la precariedad de la ropa ajena, y la ausencia de zapatos.
Un año después y sin explicación alguna la trasladaron al Cereso 1 de
Hermosillo, al tiempo que le dictaron sentencia de cuatro años por el delito de
robo simple de noche. Sintiéndose respaldada por la CNDH con quien ya se había
entrevistado en Huatabampo, empezó una vida más tranquila, aunque permanece la
discriminación contra ella, pues no le permiten que continúe su preparatoria,
ni que trabaje, ni que aprenda a configurar manualidades, ni participe en los
talleres de lectura, como lo hacen todas las internas que así lo deciden. A
Gisela, como castigo adicional no le aprueban ninguna de las solicitudes que ha
llenado, la segregación es evidente.
Su ánimo ha decaído y la reclusión se le empieza a notar en la piel y en
padecimientos que antes no tenía, dice Delma. Dolor de brazo, dolor de cabeza, son
algunas de las secuelas de los golpes y jaloneos que recibió en la primera
detención, que después la CNDH tomaría
en cuenta como parte de la tortura de la que fue víctima.
El 19 de junio de 2014, tal como había sido en las ocasiones anteriores,
Gisela Peraza fue llevada a otro penal sin ninguna explicación. En este caso a
SLRC, de lo cual se enteraron por una compañera interna que les soltó a boca de
jarro: “Se llevaron a tu hermana”. De inmediato la familia empezó de nuevo con
la tarea de rastrear a su familiar. El cuadro que encontraron en el Cereso 1
les llamó la atención pues se advertía una revolución entre limpieza general,
reparación de pintado de paredes, y mucha gente trabajando en las mejoras.
¿Ocurrió algo especial? Preguntamos. Sí, ese día tendrían la visita de la CNDH.
Su conclusión es que la apartaron para impedir que hablara con los visitadores
del organismo.
Aislada, sin saber por qué estaba en la celda de castigo, sin derecho a
llamadas, sin poder recibir comida, Gisela tuvo la suerte de que una interna de
esa penitenciaría era conocida, por lo que sabiendo cuáles son los métodos de traslado, decidió llamar a la
familia en Hermosillo para informarles que Gisela estaba ahí y con órdenes de
no recibir visitas.
La familia acudió al penal de Hermosillo para indagar sobre los
hechos, en tanto Gisela advertía a los
encargados del penal de SLRC, que tenía instrucciones de la CNDH de que
cualquier violación a sus derechos humanos se los comunicara de inmediato para
actuar en consecuencia.
Mientras vive su propio horror Gisela Peraza atestigua aberraciones que
se cometen contra otras de las compañeras. Delma, su hermana nos cuenta el
relato del último traslado mismo que fue en compañía de otra interna,
originaria de SLRC quien había pedido que la trasladaran a Hermosillo para que
le practicaran una cirugía que no podían hacerle en San Luis. La cirugía fue
realizada, pero la regresaron al penal sin medicamentos, sin las mínimas
condiciones de asepsia, y durante el camino, con la herida abierta, con el
dolor a flor de piel, en realidad encarnaba la huída forzada por los
responsables de la integridad de las mujeres en reclusión para alejarla, igual que a Gisela, de los visitadores de la CNDH.
El tiempo definido en la primera sentencia coincide con el término del
sexenio del actual gobernador, acusador directo por robo de 450 mil pesos en
efectivo y 250 mil en joyas, que, aclara
Delma Peraza a la familia le han comentado verbalmente que Gisela se robó cinco
millones, mismos que por cierto, no han aparecido hasta el momento.
Al jefe de seguridad de la casa de gobierno, Roberto Munro, le han
tomado tres declaraciones. En la primera dice que ambos robaron el dinero, en
la segunda expresa que fue él solo, y en la tercera dice que ninguno de los dos
robó, pero que confesó presionado por la tortura.
Gisela está decaída, ya no habla de planes. Por recomendación de la CNDH
le proporcionan terapia psicológica, su madre se hizo hipertensa. La familia ha
hecho gastos que no haría en toda su vida para poder apoyar a su hermana. Son
tres los abogados que han llevado el caso, pues los dos primeros recibieron
amenazas para que dejaran el caso. Por todo eso, Gisela ha concluido: “Yo no
voy a salir de aquí, mientras el señor no salga del gobierno”, y no hay plazo que
no se cumpla.
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