martes, 12 de junio de 2018

Las campañas y el odio puro contra las mujeres


Silvia Núñez Esquer

La violencia política “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia- que, basada en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de  derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.

Esa es la definición que incluye el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en Sonora, retomado del Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, del INE.

La violencia se dirige a una mujer por ser mujer cuando las agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en prejuicios. También lo dice el protocolo.

Si bien la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia (Ley de acceso) todavía no incluye el concepto de violencia política, en tanto lo hace, vale la pena rescatar los aspectos clave de la definición que hace el protocolo, pues la propia ley da la pauta para identificarla. 

De acuerdo a  la Ley de acceso las violencias son de los tipos físico, sexual, psicológico, económico,  patrimonial, y cualquiera de las formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres.

Las modalidades son familiar, laboral y docente, comunitaria, institucional  y feminicida. Estas son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. 

Por ello, aún que la violencia política de género contra las mujeres no esté incluida como tal en la Ley de acceso, es posible denunciarla y sancionarla. 

Eso es gracias a que antes del proceso electoral 2017-2018, quedaron establecidos y publicados ambos protocolos, el federal y los homólogos en los estados. 

En Sonora ha quedado registrado el primer caso de denuncia y resolución por la autoridad competente que en este caso es el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), resolviendo a favor de la víctima, la entonces precandidata a la alcaldía de Caborca, del Movimiento Ciudadano, Patricia Azcagorta. 

Pero esa no es la única que se presentará. Dos candidatas y sus respectivas coaliciones han anunciado sendos casos de violencias que se han manifestado a través de medios digitales, incluidas las redes sociales.

En éstas se ejerció violencia simbólica y verbal directa, con lo que han atentado contra la dignidad del género femenino. 

Una de ellas, la candidata a diputada federal Gabriela González, del Partido Revolucionario Institucional, quien fue víctima de mensajes visuales  falsos, en donde se inserta su cara en una imagen de una mujer desnuda. Foto difundida masivamente a través de diversas redes.

Su partido ha tomado la iniciativa y ha solicitado a las autoridades del INE y del IEE activen el protocolo de actuación para casos de violencia política de género contra las mujeres.

La otra víctima de violencia política de género es Lilly Téllez García, candidata a la Senaduría por la coalición Juntos haremos historia.

Como candidata externa, Téllez García   ha sido blanco de múltiples críticas, pero también de agresiones verbales directas.

Además de una serie de videos editados de intervenciones propias, se han grabado otros en donde diversas personas dicen conocerla y arremeten contra su vida privada, acusándola de varias características como persona por la que no se habría de votar por ella, todas referentes a su vida matrimonial privada. 

La más reciente, y por la cual interpondrá una denuncia, es la que un colectivo de periodistas ha ejercido a través de una serie de columnas publicadas en diversos medios digitales y redes sociales.

Pero la que generó la decisión de la denuncia es por los insultos que ha recibido tanto de algunos de los periodistas en mención, así como por otros personajes de cuentas falsas de twitter y otras. 

Vieja, puta, hedionda, hocicona, menopáusica, pinchi, idiota, balbuceante, tartamuda, son algunos de los insultos que le han lanzado a través de comentarios en publicaciones que han sido generadas y/o compartidas por integrantes de dicho colectivo. 

Las agresiones se generaron después de que ella acudió a una reunión con ese grupo y después de tres horas en donde narra fue cuestionada repetidas ocasiones sobre su vida privada, concluyó que son difusores del PRI (partido del gobierno actual).

El haberlos llamado “opinólogos” y “comentócratas”, “difusores del partido en el poder”, generó esta serie de agresiones, que forman parte de las evidencias que constituirán la denuncia por violencia política de género. 

En Sonora, estamos ante la presencia de una  respuesta de odio exacerbado contra las mujeres que se han atrevido a participar, ahora en forma masiva por el mandato de la ley que obliga a la paridad en candidaturas.

La violencia se ha reflejado principalmente en agresiones que atentan contra la dignidad no solo de estas personas en lo individual, sino contra el género mujer. 

Las imágenes sexuales editadas y truqueadas, así como la violencia verbal, han sido las formas preferidas utilizadas en la entidad.

Hasta este momento no se ha reportado algún ataque físico o de otra naturaleza que pudiese constituir violencia de género, en el contexto del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 

El protocolo ha servido para que las mujeres contendientes sepan que pueden ser víctimas directas, si hay daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general la puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos.

Además sirve para identificar  víctimas indirectas, potenciales, y grupos o comunidades afectadas.


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