Silvia Núñez Esquer
Esto que parece insulto es el “diagnóstico”
que sin haber una prueba médica o de laboratorio al respecto, emiten quienes
atienden a las y los pobladores del río Sonora, cuando éstos angustiados acuden
a consultar por los cambios en la piel, y todas las otras manifestaciones de deterioro
en su salud.
Es tan grande el tamaño del insulto a la
población afectada por el macro derrame de metales pesados en el río Sonora,
como lo es la maquinaria que se ha movido durante un año para minimizar ante la
sociedad mexicana el impacto real producido al envenenar el agua directamente.
Ante alguna solicitud de atención médica, en
lugar de canalizarlos de inmediato a practicarles los exámenes y pruebas
necesarias para establecer con exactitud cuál es su padecimiento, simplemente
les dicen que lo que tienen es sarna (escabiosis), o que es un efecto
psicológico por estrés.
Mientras las más de 23 mil personas a las
que les llegó de sorpresa hace un año el ingrediente fatal al agua que
utilizaban cotidianamente, la del río Sonora, cada día descubren alguna nueva
afectación. Quien debería absorver los gastos para reparar los daños y para
prevenir futuros padecimientos, Grupo México, está bien protegido con una
comisión llamada “presidencial”, formada supuestamente para “atender” el magno
caso de contaminación.
La comisión formada por Semarnat, Sagarpa,
Sct, Salud, Profepa, Conagua y Cofepris, hizo un balance con las acciones del
gobierno de la República para el caso río Sonora. Sin embargo, nada dice sobre
sanciones hacia el responsable de derrame.
Toda la gente sabe que el culpable del
macro derrame de cuarenta mil metros cuadrados de sulfato de cobre y otros
metales pesados que corrió el 6 de agosto de 2014, y que no fue dado a conocer
para poner en alerta a los usuarios del agua, es Grupo México de Germán Larrea,
a través de la mina Buena Vista.
Hasta ahora la comisión presidencial ha
servido como cuerpo de abogados de Grupo México. También ha fungido como
administradora de los recursos que esa empresa puso a disposición para coadyuvar
a la estrategia de división, ante una posible organización que llevara la
inconformidad e indignación a una acción de carácter nacional.
El Fideicomiso río Sonora ha servido para
provocar inconformidades pues su metodología para ser utilizado está organizada
en una forma absurda, pues mientras hay personas a las que les pagaron varias
veces, también se descubrió que otras beneficiarias ya habían fallecido. La
forma de “pagar” a los titulares de las tomas de agua de las casas, excluyendo
a quienes viven de hecho ahí, así sean varias familias, es por demás injusto,
como ya se supo desde el principio.
La generación de hoy niñas y niños a los
que les tocó vivir el macro derrame están creciendo en medio de una lucha
literal contra la muerte. A diferencia de sus padres que pasaron la infancia
paseando a la vereda del río Sonora, bañándose en sus aguas para mitigar el
calor del verano, y comiendo de lo que a su vez sus padres sembraban en sus
propios patios.
Muchas de estas niñas, estos niños hoy se
saben enfermos pues tienen en común la aparición de ronchas acuosas. Las
constantes visitas al médico les dicen que algo anda mal en su salud. Algunos
también padecen dolores de cabeza, náuseas y vómitos, son una generación
enferma por irresponsabilidad de los poderes político y económico. A ellos los
enfermó la minería rapaz, no un virus ni una bacteria, se ha comprobado en
quienes han invertido en análisis pagados por su cuenta, para conocer la verdad.
Sin embargo, la comisión presidencial, en
su papel de cuasi abogado de Grupo México, a través del personal médico ha
tomado la estrategia de decirles a las madres, a los padres que los llevan al
doctor que sus hijos tienen sarna y que es un efecto psicológico. Es decir, si
según los médicos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental en el
Estado de Sonora (UVEAS), la mayoría de los casos de escoriaciones en la piel
de adultos y niños es por ese mal, entonces podemos hablar de una epidemia de
sarna a lo largo del río Sonora.
Trescientos sesenta casos reconocidos por
la comisión presidencial, que para el Frente Unido Contra Grupo México “Karla
Duarte” son más de seiscientos, son suficientes para haber emitido una alerta
epidemiológica, según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud, y
la propia Secretaría de Salud en México.
¿Por qué no lo ha hecho? Por la simple
razón de que piensan que las madres de familia son tontas, son ignorantes y las
insultan dándoles un diagnóstico sin fundamento, con el fin de cubrir al
poderoso que sigue socabando los recursos mineros y que va por más, a costa de
la salud y la vida de las familias que
han habitado por generaciones enteras en esa región de Sonora.
Pero Grupo México no está satisfecho. La
comisión presidencial le ha hecho el trabajo de contención de la indignación
por el envenenamiento impune del agua del río Sonora. Al mismo tiempo, se le
concede la explotación de otra mina, cerca de la que provocó el macro derrame. A
la par le ha configurado una estrategia de comunicación avasalladora, que si
bien ha fortalecido el cerco informativo, no ha podido tapar del todo la
circulación de esfuerzos ciudadanos por denunciar a través de medios
alternativos y redes sociales el tamaño de la afectación.
Setenta años después del lanzamiento de la
primera bomba atómica sobre Hiroshima, secundada por la siguiente en Nagazaki
en Japón, todavía nos conmovemos y guardamos un minuto de silencio por las
aproximadamente noventa mil víctimas, más las que quedaron afectadas al
desarrollar enfermedades como cáncer y otras relacionadas con la reproducción,
algunas trans generacional.
Sin embargo, no vemos el otro pequeño
Hiroshima que tenemos en México, que por cierto se produjo en la misma fecha:
el 6 de agosto. Lo que ocurrió en el río Sonora hace un año dejará secuelas iguales
o peores para quienes viven y vivirán en contacto con el agua envenenada por
Grupo México. A un año, ya se empieza a ver la presencia de metales pesados en
sus organismos y sus afectaciones en órganos internos.
La piel es la que está avisando y es la que
nos llama la atención, pero esta generación de niñas y niños que ahora tienen
comezón, que se les cae el cabello, y que tienen la piel enronchada, también
están gestando en su pequeño organismo las enfermedades que se verán en los
próximos años, como ocurrió en Hiroshima y Nagazaki.
Tomar agua y/o estar en contacto con el líquido
contaminado por metales como arsénico, aluminio y otros, igual de dañinos para
la salud a corto, mediano y largo plazo, no es cualquier cosa. El sector salud
nacional y estatal deberían estar abocados a la investigación prioritaria profunda,
para conocer con exactitud cuáles son los daños actuales, y cuáles las secuelas
a futuro, que se presentarán en los que ahora son menores de edad.
La comisión presidencial está jugando con
fuego, pues le está apostando a su investidura como representante nuestro,
mientras en realidad el trabajo que realiza es para otro patrón: el Grupo
México. A la población que pidió un Hospital de Alta Especialidad, le responde
con una casita habitación, habilitada para la consulta, y para algunos
medicamentos. “Es tan pequeño el lugar, que no cabemos los que hacemos fila
para atendernos”, fue una de las denuncias de afectados.
No deberían de jugar así con la vida de las
personas y con el futuro de la siguiente generación. Tendrían que atender con
prontitud a quienes con sus recursos ya cuentan con resultados alarmantes
derivados del contacto directo e indirecto con el agua envenenada. Hay muchas
preguntas que no respondió la comisión presidencial. ¿Dónde quedaron los
tóxicos que supuestamente retiraron dentro del programa de remediación? Es una
de las más importantes, hasta ahora sin respuesta.
No lamenten lo de Hiroshima y Nagazaki, si
no atienden ahora que pueden, la contaminación evitable que causó Grupo México
en el río Sonora. La presidencia de la República no tiene derecho a compadecerse
por lo que ocurrió hace setenta años en Japón, si no se conduele de quienes hoy
sufren por las afectaciones del envenenamiento del agua en el río Sonora, y
pudiendo, no hace nada.
Ya se lo dijo a la comisión presidencial un
afectado que por cierto, padece cáncer: “Yo no tengo nada qué perder, atiendan
esto, o van a saber lo que es una revolución”.
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