Silvia
Núñez Esquer*
Las
recomendaciones de la CEDAW salpicaron a todo mundo. No sólo el Estado mexicano
salió exhibido por la incapacidad para brindar seguridad y garantizar la vida
sin violencia para las mujeres, sino que esto se hizo extensivo a las entidades
de la república.
El 7º. Y
8º. Informes periódicos no satisficieron al comité de expertas de la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres,
CEDAW. Este julio nos trajo un documento que lejos de contener felicitaciones
por el cumplimiento de las recomendaciones de 2006, reclamó no sólo la falta de
atención a éstas, sino el exacerbado crecimiento de la violencia contra las
mujeres en todos sus tipos y modalidades.
Las expertas
se fueron directo al corazón del problema: la guerra contra el crimen
organizado no ha servido más que para aumentar la impunidad y hacer más lejano
el acceso a la justicia para las mujeres. Este periodo de guerra civil
disfrazada de acciones por la seguridad
ha arrojado a las mujeres a terreno minado, convirtiéndolas en las más
vulnerables y como siempre ocurre en las batallas, en botín de guerra.
El
documento del 2012 con respecto del de 2006 es exactamente inverso a lo
esperado. México no cumplió ninguna de las recomendaciones, exhortos, ni
urgencias del comité. Por el contrario, en algunos temas involucionó aprobando
leyes que hicieron retroceder los derechos de las mujeres como las reformas
constitucionales que iniciaron en Sonora en octubre de 2008, que otorgan la
supremacía del feto en desarrollo, por sobre la ciudadanía de la mujer
embarazada.
En otros,
en un aparente afán por cumplir, hizo un desastre. Es el caso de los tipos
penales autónomos feminicidio, aprobados en 17 estados de la república, en su
mayoría inacreditables, con aberraciones jurídicas tales como el del Estado de
Durango que ni siquiera expone que el feminicidio es la privación de la vida de
una mujer.
Por eso
Sonora no se salvó, porque el comité de la CEDAW se refirió a las políticas
públicas federales, pero también las estatales y locales. Es la primera vez que
las recomendaciones bañan a todo el país, mencionando particularidades. A unos
por teñir de rojo la geografía del sureste
y noreste, por donde las mujeres sufren mientras migran voluntaria o
involuntariamente hacia el norte en la ruta de las y los migrantes.
Esclavizadas por la necesidad de buscar un mejor trabajo o por el crimen
organizado, las mujeres deben sortear toda clase de vejaciones para llegar a su
destino, si es que no son secuestradas y pierden la vida en el trayecto.
La
homologación del tipo penal autónomo feminicidio en todo el país, fue una de
las más notorias exigencias en las recomendaciones del 27 de julio pasado. Las
entidades que creen que ya cumplieron con incluirlo en el código penal, tendrán
que revisar sus descripciones para atender a esta recomendación.
Por su
parte, los estados como Sonora, que cumplirá un año con una iniciativa de tipo
penal limitada e imposible de acreditar en la práctica, y a la que las mujeres
organizadas hicieron una propuesta de enmienda, debe tipificar ya. Pero también
debe hacerlo en los términos que la CEDAW recomienda.
Esta
entidad también está en el paquete de estados a los que el comité de la CEDAW
urge a que rectifiquen su legislación para dejar de discriminar a las mujeres
que desean interrumpir su embarazo, y que se los impide la reforma que dio
derechos de persona al embrión. Aunado a esto, el estado de Sonora nunca aplica
la Norma Oficial Mexicana, NOM-046-SSA2-2005, que especifica los criterios para atender la
violencia intrafamiliar y sexual, incluida la posibilidad de practicarse un
aborto en caso de embarazo por violación.
Sonora al
igual que otras entidades se ríe de las disposiciones jurídicas que protegen y
garantizan una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres. Esto
queda claro también cuando evade la legislación federal y local, y no cumple
con las cuotas de género en el ámbito de la participación política. La prueba
es la legislatura local electa recientemente. Dos mujeres serán diputadas por
mayoría, y cuatro por representación proporcional. Esto continúa la escasa
presencia de sólo seis mujeres de un total de 33 curules, lo que mantiene el
incumplimiento de la ley electoral de porcentajes de: 40-60 federal, y 50-50
local, para ambos géneros.
La escasa
política de educación sexual y dotación de anticonceptivos tiene a Sonora con
un alto índice de embarazos en adolescentes incrementado en un 35 por ciento en
diez años.
Sonora no
debe sentirse a salvo de las recomendaciones ya que fue mencionado sin ser
nombrado. De veinte recomendaciones en 2006, el número creció a 52 en 2012.
Todos los temas están pendientes, y otros nuevos han hecho de México y de sus
estados, un lugar peligroso para las mujeres. Sin mecanismos prácticos para
implementar la Alerta de género, y sin protocolos de investigación sobre
violencia y feminicidio, las mujeres están en la indefensión.
Por eso las
expertas refrendan su exigencia, su urgencia al Estado mexicano, pues su
ineficacia aumentó junto con los casos documentados de impunidad y ausencia de
investigaciones adecuadas. Las expertas
escucharon a las organizaciones civiles y creyeron en sus informes sombra. Por
eso ni México, ni Sonora, pueden hacer oídos sordos. 31 mujeres han sido
asesinadas en Sonora en lo que va de 2012, muchas otras lastimadas física y
emocionalmente. Las estadísticas de violencia previa al feminicidio saltan a la
vista en la ENDIREH 2011. Por ello, y porque la CEDAW los está observando, los
gobiernos ya no pueden hacerse tontos, pues aunque finjan que no se dan cuenta,
México quedó exhibido ante el mundo como un país misógino y corrupto.
Ver CEDAW en
Español
Recomendaciones
CEDAW 2012 al Estado mexicano y entidades
*Periodista
independiente, editora del blog: www.mujersonora.com,
corresponsal de cimac en Sonora, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional
del Feminicidio, OCNF
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