FUERA DE RUTA
Z. MARGARITA BEJARANO CELAYA
La tipificación del feminicidio México, ante un llamado de la Organización de Naciones Unidas, se comprometió a que llegado el año 2015 habría erradicado la violencia hacia las mujeres. La meta es inalcanzable.
En los últimos años se han logrado algunos avances en su identificación, visibilización y tratamiento; mucho de ello se debe más a la acción social que a la voluntad de los gobiernos o al efecto de las políticas públicas.
Las estadísticas revelan que en México aproximadamente la mitad de las mujeres que viven en pareja han sido violentadas. Los mecanismos mediante los cuales se ejerce la violencia se encuentran normalizados en la actuación de las personas, por lo que muchas mujeres no distinguen como violentas ciertas prácticas que limitan su capacidad de libertad y autonomía, incluso para algunas es difícil caracterizar como violentos actos que ponen en riesgo su integridad física, mental y sexual; la violencia emocional y económica es aún menos reconocida. En este sentido, se cree que las estadísticas son solo la punta de un enorme iceberg que oculta una situación mayor.
El feminicidio es la forma extrema de la violencia de género, consiste en privar de la vida a una persona solo por el hecho de ser mujer, generalmente el victimario es varón y lo hace simple y llanamente porque puede: si existiese un estado de derecho en el que todas las personas tuvieran el mismo valor, independientemente de su sexo, y en cual las garantías individuales fueran respetadas y quienes las violasen castigados, esto no sucedería. Sonora ocupa el cuarto lugar nacional en este rubro, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF): al menos 83 feminicidios se registraron en Sonora de enero de 2009 a junio de 2010, casi el diez por ciento del total registrado en ese periodo en el país.
El OCNF ha clasificado al menos 14 tipos de feminicidio de acuerdo al móvil y/o el victimario: crimen organizado, sexual, familiar, ocupaciones estigmatizadas, entre otras, pero en todos los casos la razón de fondo es la subordinación de la mujer en la escala social.
De acuerdo a estadísticas de Inegi, los asesinatos de mujeres se incrementaron en 40 por ciento de 2005 a 2009.
Organismos internacionales han llamado la atención al gobierno mexicano para que legisle en la materia y corrija el problema; en este tenor algunas entidades han presentado iniciativas para tipifi car el delito. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que se trata de un ejercicio a ‘modo’ que tiene el interés político de minimizar el problema.
Por ejemplo, en el Estado de México se le tipifi có como: “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confi anza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.
El OCNF ha denunciado que esta clasifi cación se basa en elementos que no se podrán acreditar o que se dejarán a la interpretación del Ministerio Público o los operadores de justicia, abriendo nuevamente la puerta a la impunidad, ya que están cargados de estereotipos y criterios de discriminación que cuestiona la vida personal de la víctima y que son difíciles de probar sin el testimonio de la misma.
Para atacar la violencia es preciso modifi car la estructura y la organización de la sociedad mexicana, se requiere por lo menos: 1) acabar con la pobreza y la injusticia social que subordina y excluye a las mujeres y a las niñas; 2) establecer instituciones fuertes y confi ables, incluyendo un sistema de justicia funcional, efectivo y efi ciente; 3) lograr un nuevo ‘contrato social’ que garantice los derechos de las mujeres al igual que los de los hombres. ¡Casi nada!
En los últimos años se han logrado algunos avances en su identificación, visibilización y tratamiento; mucho de ello se debe más a la acción social que a la voluntad de los gobiernos o al efecto de las políticas públicas.
Las estadísticas revelan que en México aproximadamente la mitad de las mujeres que viven en pareja han sido violentadas. Los mecanismos mediante los cuales se ejerce la violencia se encuentran normalizados en la actuación de las personas, por lo que muchas mujeres no distinguen como violentas ciertas prácticas que limitan su capacidad de libertad y autonomía, incluso para algunas es difícil caracterizar como violentos actos que ponen en riesgo su integridad física, mental y sexual; la violencia emocional y económica es aún menos reconocida. En este sentido, se cree que las estadísticas son solo la punta de un enorme iceberg que oculta una situación mayor.
El feminicidio es la forma extrema de la violencia de género, consiste en privar de la vida a una persona solo por el hecho de ser mujer, generalmente el victimario es varón y lo hace simple y llanamente porque puede: si existiese un estado de derecho en el que todas las personas tuvieran el mismo valor, independientemente de su sexo, y en cual las garantías individuales fueran respetadas y quienes las violasen castigados, esto no sucedería. Sonora ocupa el cuarto lugar nacional en este rubro, de acuerdo con información del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF): al menos 83 feminicidios se registraron en Sonora de enero de 2009 a junio de 2010, casi el diez por ciento del total registrado en ese periodo en el país.
El OCNF ha clasificado al menos 14 tipos de feminicidio de acuerdo al móvil y/o el victimario: crimen organizado, sexual, familiar, ocupaciones estigmatizadas, entre otras, pero en todos los casos la razón de fondo es la subordinación de la mujer en la escala social.
De acuerdo a estadísticas de Inegi, los asesinatos de mujeres se incrementaron en 40 por ciento de 2005 a 2009.
Organismos internacionales han llamado la atención al gobierno mexicano para que legisle en la materia y corrija el problema; en este tenor algunas entidades han presentado iniciativas para tipifi car el delito. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que se trata de un ejercicio a ‘modo’ que tiene el interés político de minimizar el problema.
Por ejemplo, en el Estado de México se le tipifi có como: “privación de la vida, asociada a la exclusión, subordinación, discriminación o explotación; cuando ocurra con una persona con quien se haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confi anza laboral o escolar; cuando el agresor haya ejecutado conductas sexuales crueles o degradantes o mutile a la víctima, o cuando existan con antelación actos que constituyan actos de violencia familiar del ofensor hacia el ofendido”.
El OCNF ha denunciado que esta clasifi cación se basa en elementos que no se podrán acreditar o que se dejarán a la interpretación del Ministerio Público o los operadores de justicia, abriendo nuevamente la puerta a la impunidad, ya que están cargados de estereotipos y criterios de discriminación que cuestiona la vida personal de la víctima y que son difíciles de probar sin el testimonio de la misma.
Para atacar la violencia es preciso modifi car la estructura y la organización de la sociedad mexicana, se requiere por lo menos: 1) acabar con la pobreza y la injusticia social que subordina y excluye a las mujeres y a las niñas; 2) establecer instituciones fuertes y confi ables, incluyendo un sistema de justicia funcional, efectivo y efi ciente; 3) lograr un nuevo ‘contrato social’ que garantice los derechos de las mujeres al igual que los de los hombres. ¡Casi nada!
*Candidata a Doctora en Ciencias Sociales por El Colegio de Sonora.
Correo electrónico: margaritabejarano@hotmail.com
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