Las organizaciones que suscribimos esta declaración, expresamos nuestra indignación ante el agravio de que son objeto los derechos fundamentales de las mujeres, por parte del Estado en sus tres niveles y ámbitos de gobierno, a través de las reformas que pretenden penalizar el aborto en 18 entidades federativas y de la falta de medidas eficaces para erradicar la tragedia de los feminicidios en todo el país.
A pesar de los logros alcanzados en materia de derechos humanos para las mujeres, éstos se han visto entorpecidos por la violencia institucional, entendida como aquellos actos u omisiones de diversas autoridades que discriminen o que tengan el fin de dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
Esta violencia, contemplada en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, atenta contra la Convención de Belem do Pará en sus artículos 5° y 6°, que establecen la protección a las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos y a la no discriminación por su condición de género.
La violencia institucional se ve reflejada de manera lacerante en las dos siguientes problemáticas:1. Las reformas para penalizar el aborto han agudizado el estigma en contra de las mujeres al imponerles sanciones como trabajo comunitario, tratamiento psicológico y penas que se duplican o triplican si se comprueba que tenían “mala fama”; si el embarazo es producto de una “unión ilegitima”.
Estas reformas generan obstáculos para la aplicación de la Norma 046-SSA2-2005 Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres Criterios para la Prevención y Atención, que indica la obligación de los servicios de interrupción legal del embarazo víctimas de violencia sexual.2. La impunidad y la permisibilidad gubernamental ha posibilitado la multiplicación de asesinatos contra mujeres en el país,debido a la falta de prevención eficaz y el debido proceso en las investigaciones de estos asesinatos.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, en el 2009 se registraron 733 asesinatos contra mujeres y niñas en 11 estados de la República.Las leyes antiaborto y los feminicidios son una expresión dramática de la misoginia vigente en México.
Son así mismo, el resultado del desconocimiento de los principios de laicidad y democracia por parte del Estado, que no garantiza los derechos fundamentales de las mujeres: el derecho a la vida digna, la seguridad, la integridad personal, la salud, garantías judiciales, libertad de conciencia y pensamiento, y a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de su descendencia.
En el marco del 8 de marzo hacemos un llamado a la Federación y a los gobiernos locales para que deroguen las reformas que criminalizan a las mujeres por abortar y para que cumplan cabalmente con la reciente sentencia del Campo Algodonero, que condena al Estado mexicano por falta de acciones integrales y eficaces para erradicar el feminicidio en Ciudad Juárez, y le obliga a generar acciones que garanticen la no repetición de estos crímenes, no sólo en Juárez, sino en todo el país.
Responsable de la publicación: María de la Luz Estrada
De Sonora firman: Ciudadanas por el derecho a decidir de las mujeres, Red feminista sonorense, Colectiva Observatorio feminista, MUHSAS.
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