jueves, 2 de julio de 2009

Opinión

-- Qué ofrece el gobierno por el asesinato de 48 niños

Por Sanjuana Martínez*

México DF, 2 julio 09 (CIMAC).- Es indignante ver
cómo en México se politizan las tragedias, al
grado de utilizarlas como moneda de cambio para
obtener más votos. Es el caso de la decisión de
girar órdenes de aprehensión contra nueve
personas involucradas en el incendio de la
guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 48
niñas y niños sofocados, quemados.

La decisión anunciada por el procurador general
de la República, Eduardo Medina Mora, no deja de
ser sospechosa: las órdenes de detención se han
girado por delitos menores, como homicidio
culposo, un delito que puede obtener fianza, por
lo que seguramente los nueve detenidos no pisarán la cárcel.

A un mes de la tragedia, es también casi seguro
que todos se encuentren amparados, e incluso que
alguno de ellos haya huido del país o se
encuentre escondido. Entre los inculpados están
Sandra Téllez Nieves (socia de la guardería ABC),
Gildardo Urquídez Serrano (socio); Marcelo
Meouchi, quien era el ex apoderado legal de la
estancia; la socia Fernanda Camou Guillot; la
arrendadora del predio y de la bodega convertida
en guardería, Norma Mendoza Bermúdez; el actual
apoderado legal, José Matiella Urquídes; Marcia
Altagracia Gómez del Campo, prima de la esposa
del presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala,
y Arturo Leyva Lizárraga, quien se desempeñaba
como delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora.

Las órdenes del Medina Mora llegan tarde y mal.
Tarde, porque la capacidad de respuesta de la PGR
ha sido lenta e incompetente. Y mal, porque la
simulación de girar órdenes de aprehensión que no
servirán para meter a la cárcel a los inculpados
de la terrible tragedia, resultan sospechosas,
particularmente porque nos encontramos a unos
días de las elecciones del 5 de julio.

¿En qué grado de descomposición se encuentra el
gobierno de Felipe Calderón para intentar lucrar
electoralmente con el homicidio de 48 niños
quemados? Es evidente que la estrategia de
procuración de justicia pasa también por
decisiones efectistas que pretenden engañar a los votantes.

Los padres de las pequeñas víctimas han
solicitado oportunamente la intervención de la
Suprema Corte de Justicia, que tendrá que decidir
inmediatamente si atrae el caso. Los deudos no
encuentran otra manera de obtener reparación por
el inmenso daño ocasionado. Son familiares
desesperados que intentan lograr justicia y ven
con desánimo cómo el Ejecutivo no tuvo la
delicadeza de brindarles en su momento palabras
de aliento. Felipe Calderón se refirió a la
tragedia un mes después. Su desprecio por el
sufrimiento de esta gente muestra la cara más
lamentable de su gobierno. ¿Por qué tanta indolencia?

Es inaceptable que desde el sistema de justicia
se intente suavizar la responsabilidad de los
dueños de la guardería. Estas personas
"conectadas" con influyentes políticos estaban
conscientes del peligro que corrían los niños.
Mientras se embolsaban jugosas sumas de dinero,
producto de las mensualidades de los padres y de
la subrogación del IMSS, ellos a cambio no
ofrecían la seguridad necesaria para el debido cuidado de los infantes.

Todos los implicados, junto a las instituciones,
sabían desde 2005 que esa bodega no cumplía los
requisitos que marca la ley para convertirse en
guardería. Son gente consciente que debe ser
juzgada por sus delitos con toda la garantía de la ley.

La tragedia de la guardería ABC de Hermosillo ha
dejado al descubierto la corrupción imperante en
el Instituto Mexicano del Seguro Social a la hora
de comercializar las subrogaciones de las
guarderías, utilizadas igualmente como moneda de
cambio al mejor postor, como prebendas para
grupos políticos, como tráfico de influencias
para familiares de los gobernantes de todos los partidos.

Urge una reforma integral al IMSS. Urge que se le
devuelva su presupuesto perdido con la llegada de
las Afores. Las subrogaciones son vergonzosas
porque ponen en peligro la vida de miles de niños
mexicanos. ¿Por qué el IMSS no publica la lista
de los dueños de las mil 500 guarderías
subrogadas que existen en el país? En ese
momento, la opinión pública se daría cuenta del
nivel de corrupción existente en el gobierno
federal para adjudicar contratos a dedo, a través
del influyentismo ejercido por la mayoría de los
partidos políticos que gobiernan en el país.

Debido al momento electoral que pasamos, el IMSS
ha escondido ilegalmente esa información, sin
atender a las solicitudes de transparencia de la
información. Es escandalosa, reprobable y
grotesca, la manipulación que las instituciones
están haciendo en contubernio para engañarnos.

La muerte de los 48 niños y niñas está abriendo
la cloaca del sistema de asistencia social
mexicano. Algo está pasando en México con el
cuidado y la protección de los niños. Resulta
urgente hacer reformas a las leyes que prevengan
este tipo de tragedias. Es necesario modificar la
actual estructura social del Estado, encargada de
velar por la seguridad de los niños. Es imperioso
crear una dependencia que se dedique única y
exclusivamente a atender todo lo relacionado con la infancia.

El DIF ha mostrado su ineficiencia en esta
tragedia. La institución dirigida por la primera
dama Margarita Zavala de Calderón también ha
evidenciado su cara de corrupción en torno a la
desaparición de los 25 niños de los albergues
dirigidos por la Iglesia Cristiana Restaurada en
el país. El DIF fue la dependencia que canalizó y
sigue canalizando niños a los 41 albergues que
existen en el país de la organización religiosa
que mantiene retenidos ilegalmente a decenas de
niños desde hace nueve meses, mientras la PGR
sigue investigando y arraigando, sin emitir ni una sola orden de detención.

¿Por qué al DIF y a la PGR no le importan los niños? Será por qué no votan.

* Sanjuana Martínez es periodista de
investigación freelance, autora de varios libros,
el más reciente: "Prueba de fe. La red de
cardenales y obispos en la pederastia clerical" (Editorial Planeta).

09/SM/RMR/GG

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