Justicia

BOLETÍN DE PRENSA

Hoy que se cumplen dos semanas del trágico incendio de la Guardería ABC, nuevamente nos vemos obligados a salir a la calle ante la ausencia de resultados de las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.

Han pasado 14 días, el tiempo corre y la justicia no llega: Una larga cadena de complicidades, ocultamiento y omisiones definen el procedimiento viciado desde el principio, mientras los socios en el redituable negocio que ya se ha demostrado era la guardería siniestrada, se han amparado en contra de cualquier acto de las autoridades.

Lo cierto es que la tragedia fue provocada por evidentes actos de corrupción y negligencia de parte de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, originados por la abdicación del Estado mexicano a sus obligaciones de atender y cuidar a la niñez.

Nunca antes como hoy las complicidades entre el sector público con grupos privilegiados del sector privado habían sido puestos en evidencia de manera tan contundente, mostrando descarnadamente cómo este tipo de relaciones corrompidas, que incluyen actos de nepotismo y tráfico de influencias, provocaron un daño directo irreparable a las familias afectadas y una creciente indignación social colectiva que no podrán acallar de ninguna manera.

La Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora número 161, que está vigente desde el año 2005, establece como su objetivo central: "Establecer normas, principios y políticas conforme a las cuales el estado y los municipios deben realizar las acciones de protección civil en sonora, con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas, su patrimonio y el entorno, así como el funcionamiento de los servicios vitales y sistemas estratégicos, en los casos de riesgo, emergencias, siniestros y desastres".

Dicho ordenamiento determina también la creación del Consejo Estatal de Protección Civil, cuyo presidente es el gobernador del estado en turno y sus demás integrantes son el secretario de gobierno, los presidentes municipales, el procurador de justicia estatal y los demás titulares de dependencias afines con la seguridad.

Ellos son responsables por lo acontecido el pasado 5 de junio, como también lo son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los socios propietarios de la Guardería ABC, favorecidos por sus privilegios, sus relaciones políticas y de parentesco.

Mientras tanto, la sociedad se sigue preguntando legítimamente:

¿Quién reparará el daño moral a los deudos de las víctimas?
¿Por qué se sigue negando el evidente tráfico de influencias?
¿Se hicieron las supervisiones necesarias por parte de las autoridades correspondientes desde antes de su apertura hasta antes de tan lamentable tragedia?
¿Si se hicieron por qué no se llevaron a cabo los ajustes necesarios para prevenir un siniestro como este?
¿Quién autorizó su funcionamiento?
¿Por que utilizaron en los techos materiales inflamables o que producían gases y humos tóxicos cuando esto lo prohíbe dichas normas?
¿Quién no supervisó esto y quien omitió prevenirlo?
¿Por qué los diputados se opusieron a que se hiciera comparecer ante el Congreso del Estado al Gobernador del Estado y a otros funcionarios para que rindieran cuentas de estos hechos?
¿Se investigaran sólo las causas que provocaron el incendio o también se indagan los actos de corrupción que consintieron esta situación de riesgo?

¿El Presidente de la República vino a supervisar el esclarecimiento de los hechos o a planear con el Gobernador del Estado la estrategia de control de daños que dejó esta negligencia y corrupción de los tres niveles de gobierno?

Mtra. Catalina Soto Cota
Vocera del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio
Y Titular de la Comisión de derechos Humanos y Universitarios


Hermosillo, Sonora. 19 de junio de 2009.