Escrito por Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Son. La Comisión de Justicia y Derechos
Humanos del Congreso del estado de Sonora, realizó la consulta pública
para conocer las opiniones de la ciudadanía en general, colectivos de
víctimas e instituciones relacionadas, sobre los perfiles de la terna
enviada por la gobernadora del estado a ese poder legislativo, y de la
cual saldrá quien dirigirá la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas (CEEAV).
Después de 4 años de aprobada la Ley Estatal de Atención a Víctimas, es hasta finales de 2019 cuando el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno publicó la convocatoria para personas interesadas en presidirla.
El legislador presidente de esa comisión, Jesús Eduardo Urbina Lucero, explicó que la mesa de trabajo fue organizada porque la convocatoria abierta que salió en octubre pasado en el boletín oficial, fue publicada en dos diarios locales cinco días después, cuando los requeridos eran diez días hábiles antes de su vencimiento, y esto dejó “un mal sabor de boca”.
Además de esa irregularidad, el proceso se llevó a cabo en total opacidad pues la convocatoria no fue enviada a los colectivos de víctimas, ni a las instituciones académicas, tal como indicaba el propio documento.
Otro factor que llevó a esta consulta es el hecho de que el Grupo parlamentario de Morena haya votado en contra del proceso de elección de la terna, y que el comisionado no haya podido ser electo en la sesión del pleno del pasado 20 de febrero.
Los diputados de ese partido adujeron que los perfiles propuestos incumplieron con la normatividad además de que la convocatoria no fue socializada como se hizo a nivel nacional.
“Como fracción parlamentaria solicitamos que se reponga el procedimiento a través de un acercamiento real con la sociedad y no simulado”, confirmaron en un comunicado.
Si bien no es posible reponer el proceso, pues la convocatoria es prerrogativa del Poder Ejecutivo, se puede solicitar los otros seis perfiles participantes para ponerlos a consideración de los colectivos, pero no están obligados a responder, advirtió Urbina.
De igual forma se puede organizar una consulta a organizaciones y personas víctimas, para que opinen sobre la terna y si de ahí se puede elegir a uno, el proceso sería más expedito.
El Presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos comentó que se entrevistó a los tres candidatos, se propuso una metodología de calificación, sin embargo aceptó que solicitaron al Ejecutivo que buscara escuchar a los colectivos, y al ver que no lo hizo así, decidieron abrir la consulta pública para conocer sus opiniones.
Las personas que solicitaron ser considerados para titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son: José Guillermo Valenzuela Trejo, Sergio Adrián Ruíz Rocha, Carolina María Flores Medina, Alonso Coronado Aguilar, Edgard Omar Gerardo Méndez, Idalia Martínez Gracia, Ana Dolores Quijada Chacón, Sergio Cuellar Urrea y Karla Ballesteros Tapia.
En tanto, quienes fueron electos para la terna son: Sergio Cuéllar Urrea, Abogado, con desempeño en el gobierno del estado en varios puestos, representante de un gobernador del PRI.
Carolina María Flores Medina, estudia mediación, tiene estudios en Derecho y Criminología, ha trabajado en Secretaría de Gobierno como asesora jurídica, puesto que desempeña actualmente.
Sergio Adrián Ruíz Rocha, Licenciado en Derecho y otros estudios en el ramo, actualmente es Ministerio Público, cargo que ha desempeñado anteriormente con temáticas especializadas.
Los principales argumentos que se han presentado sobre las tres personas candidatas a la titularidad de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, es que son funcionarios públicos, y en su caso, han sido representantes de un partido político, lo cual contraviene las condiciones que marca la convocatoria.
Urbina Lucero especificó que ninguno de ellos presentó documentos de apoyo de colectivos de atención a víctimas, pero que Ruíz Rocha, presentó apoyo de organizaciones después del plazo de la convocatoria.
Al revisar la formación académica y experiencia profesional de los tres no fue posible identificar formación en atención de víctimas, conocimiento por experiencia propia de la Ley de Víctimas y su aplicación, así como su expertise como asesores de víctimas.
Lo anterior pone a Sonora en un impasse para elegir a la persona Comisionada de víctimas, nombramiento que ha tardado más de cuatro años desde que se publicó la ley estatal.
En el evento que inició a las diez de la mañana estuvieron presentes personas que han sufrido delitos, agravios desde diversas autoridades, un periodista beneficiario del mecanismo federal de protección de defensores y periodistas, mujeres rastreadoras de personas desaparecidas de diversos colectivos, quienes tomaron la palabra para expresar su sentir, y en su caso apoyar a alguno de los tres integrantes de la terna.
Al dar lectura a los currículum de las tres personas, se aprecia que incumplen lo que la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora especifica al respecto. En su artículo 15 contiene los requisitos para ser comisionada o comisionado. Entre ellos se encuentran: Ser ciudadana o ciudadano mexicano; No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley.
Finalmente, no haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación, salvo aquellas personas cuyas funciones en el servicio público estuvieran relacionadas directamente con la atención a víctimas y haber destacado en el desempeño de la función con propuestas y proyectos implementados que incidieron en la mejor atención a las víctimas, requisito que no cumple ninguno de los tres.
20/SNE/LGL
Edición: CIMAC
Después de 4 años de aprobada la Ley Estatal de Atención a Víctimas, es hasta finales de 2019 cuando el gobierno del estado a través de la Secretaría de Gobierno publicó la convocatoria para personas interesadas en presidirla.
El legislador presidente de esa comisión, Jesús Eduardo Urbina Lucero, explicó que la mesa de trabajo fue organizada porque la convocatoria abierta que salió en octubre pasado en el boletín oficial, fue publicada en dos diarios locales cinco días después, cuando los requeridos eran diez días hábiles antes de su vencimiento, y esto dejó “un mal sabor de boca”.
Además de esa irregularidad, el proceso se llevó a cabo en total opacidad pues la convocatoria no fue enviada a los colectivos de víctimas, ni a las instituciones académicas, tal como indicaba el propio documento.
Otro factor que llevó a esta consulta es el hecho de que el Grupo parlamentario de Morena haya votado en contra del proceso de elección de la terna, y que el comisionado no haya podido ser electo en la sesión del pleno del pasado 20 de febrero.
Los diputados de ese partido adujeron que los perfiles propuestos incumplieron con la normatividad además de que la convocatoria no fue socializada como se hizo a nivel nacional.
“Como fracción parlamentaria solicitamos que se reponga el procedimiento a través de un acercamiento real con la sociedad y no simulado”, confirmaron en un comunicado.
Si bien no es posible reponer el proceso, pues la convocatoria es prerrogativa del Poder Ejecutivo, se puede solicitar los otros seis perfiles participantes para ponerlos a consideración de los colectivos, pero no están obligados a responder, advirtió Urbina.
De igual forma se puede organizar una consulta a organizaciones y personas víctimas, para que opinen sobre la terna y si de ahí se puede elegir a uno, el proceso sería más expedito.
El Presidente de la comisión de Justicia y Derechos Humanos comentó que se entrevistó a los tres candidatos, se propuso una metodología de calificación, sin embargo aceptó que solicitaron al Ejecutivo que buscara escuchar a los colectivos, y al ver que no lo hizo así, decidieron abrir la consulta pública para conocer sus opiniones.
Las personas que solicitaron ser considerados para titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas son: José Guillermo Valenzuela Trejo, Sergio Adrián Ruíz Rocha, Carolina María Flores Medina, Alonso Coronado Aguilar, Edgard Omar Gerardo Méndez, Idalia Martínez Gracia, Ana Dolores Quijada Chacón, Sergio Cuellar Urrea y Karla Ballesteros Tapia.
En tanto, quienes fueron electos para la terna son: Sergio Cuéllar Urrea, Abogado, con desempeño en el gobierno del estado en varios puestos, representante de un gobernador del PRI.
Carolina María Flores Medina, estudia mediación, tiene estudios en Derecho y Criminología, ha trabajado en Secretaría de Gobierno como asesora jurídica, puesto que desempeña actualmente.
Sergio Adrián Ruíz Rocha, Licenciado en Derecho y otros estudios en el ramo, actualmente es Ministerio Público, cargo que ha desempeñado anteriormente con temáticas especializadas.
Los principales argumentos que se han presentado sobre las tres personas candidatas a la titularidad de Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, es que son funcionarios públicos, y en su caso, han sido representantes de un partido político, lo cual contraviene las condiciones que marca la convocatoria.
Urbina Lucero especificó que ninguno de ellos presentó documentos de apoyo de colectivos de atención a víctimas, pero que Ruíz Rocha, presentó apoyo de organizaciones después del plazo de la convocatoria.
Al revisar la formación académica y experiencia profesional de los tres no fue posible identificar formación en atención de víctimas, conocimiento por experiencia propia de la Ley de Víctimas y su aplicación, así como su expertise como asesores de víctimas.
Lo anterior pone a Sonora en un impasse para elegir a la persona Comisionada de víctimas, nombramiento que ha tardado más de cuatro años desde que se publicó la ley estatal.
En el evento que inició a las diez de la mañana estuvieron presentes personas que han sufrido delitos, agravios desde diversas autoridades, un periodista beneficiario del mecanismo federal de protección de defensores y periodistas, mujeres rastreadoras de personas desaparecidas de diversos colectivos, quienes tomaron la palabra para expresar su sentir, y en su caso apoyar a alguno de los tres integrantes de la terna.
Al dar lectura a los currículum de las tres personas, se aprecia que incumplen lo que la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Sonora especifica al respecto. En su artículo 15 contiene los requisitos para ser comisionada o comisionado. Entre ellos se encuentran: Ser ciudadana o ciudadano mexicano; No haber sido condenado por la comisión de un delito doloso o inhabilitado como servidor público; Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de servicio público, en sociedad civil o académicas relacionadas con la materia de esta Ley.
Finalmente, no haber ocupado cargo público, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político, dentro de los dos años previos a su designación, salvo aquellas personas cuyas funciones en el servicio público estuvieran relacionadas directamente con la atención a víctimas y haber destacado en el desempeño de la función con propuestas y proyectos implementados que incidieron en la mejor atención a las víctimas, requisito que no cumple ninguno de los tres.
20/SNE/LGL
Edición: CIMAC
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