Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora, 13 abril 2017.- Que encadenen la reja de
su casa con la familia encerrada adentro; que su niña de dos años sea separada
del CENDI al que asistía; y que en pleno 8 de marzo la agredan en el evento
oficial de conmemoración del Día internacional de la mujer, son solo algunos
ejemplos del giro que dio la vida de Marcela Guadalupe Zazueta Pillado, desde
que la cesaron como maestra el 15 de abril de 2016.
Víctima de la reforma educativa, Marcela ha pasado por meses
muy difíciles en lo económico, pero también en lo psicológico, pues la presión
del desempleo y falta de ingresos está mermando su salud, a un año del cese.
Y es que conocedora de sus derechos, con una Maestría y un
Doctorado, Marcela, una de las 27 maestras cesadas en Sonora, no presentó el
examen de evaluación.
La maestra Zazueta tiene muy claro que una ley no puede
regir retroactivamente, y mucho menos una relación laboral de tantos años como
era la de ella con la Secretaría de Educación y Cultura.
No obstante que la
SEC fue la que instrumentó lo que desde
el punto de vista legal es un despido, Marcela hace un llamado a la gobernadora del Estado de Sonora,
Claudia Pavlovich para que tenga una actitud empática con las maestras cesadas,
al ser la única gobernadora mujer en el país.
Sin embargo, no solo no ha ocurrido algún encuentro con ella
para dialogar sobre esta problemática, sino que el pasado 8 de marzo, en la
celebración del Día internacional de la mujer, las maestras acudieron a
manifestarse y extender una lona para que Pavlovich la advirtiera.
No era la única lona, puesto que había otras de apoyo a la
gobernante. Sin embargo, la de las maestras
fue objeto de jaloneos acompañados de empujones y golpes a ellas.
Un grupo de mujeres las agredieron mientras intentaban
mostrarlas, paradas en las gradas del gimnasio polifuncional Ana Gabriela
Guevara, en donde se desarrollaba el evento masivo.
La maestra lamenta que se esté utilizando brigadas de mujeres de colonias populares quienes
“por una despensa” se prestan para atacar a otras personas del mismo pueblo.
Al estar instaladas en la parte superior de las gradas, y al
echárseles encima para jalar la lona “como si fueran luchadoras”, narra que fue
un momento muy tenso, pues temieron que las aventaran hacia la duela del
gimnasio en la parte inferior, a más de diez metros, en donde se realizaba el
evento oficial.
Marcela Zazueta ha vivido los últimos meses haciendo
activismo para concientizar a la población sobre la injusticia que significa
aplicar la reforma educativa y otras reformas estructurales, mismas que
mantiene a más de cuarenta personas despedidas de las cuales 27 son mujeres.
Pero su actividad comenzó desde que se aprobó y empezó a
operar la reforma educativa en 2014, siendo ella una de las docentes que se
dedicaba a informar a otros maestros sobre las consecuencias de la misma.
Uno de los días en que saldría temprano a informar, con
sorpresa se dio cuenta de que su casa estaba encadenada por fuera en el frente
impidiendo abrir la reja.
Fue necesario que acudieran compañeros maestros de ella a auxiliar y retirar las
cadenas. Acompañada de éstos indagó con
personas que estaban en la calle y que eran señalados como quienes habían
colocado las cadenas para encerrarla con su familia. Al cuestionarles,
simplemente sonrieron y le dijeron: “foto para el feis”.
Más adelante hubo una segunda ocasión, en la que su casa fue
de nuevo encadenada, para impedir que siguiera con su actividad.
Intentos varios ha hecho tanto para reunirse con la
gobernadora, como con el Secretario de Educación y Cultura, Ernesto De Lucas
Hopkins.
Este último ya accedió a dialogar con ellas, pero cuando
estuvo enfrente de las maestras, siempre estuvo chateando, y cuando le llamaron
la atención preguntándole que si no le interesaba el tema, él respondió:
“¿Usted cree que no me interesa? Son como 26 mil maestros, y viene el 2018”.
Según el Artículo 14 constitucional, a nadie se le puede aplicar una ley retroactiva,
afirma convencida Marcela Zazueta quien se ha convertido en emblema de la lucha
de las maestras cesadas.
Es una de las 27, y una de las dos maestras madre de familia
a las que les suspendieron el servido en el CENDI, privando a las niñas del
derecho a la educación y el derecho al cuidado.
Pero a ella le favoreció un amparo que interpuso, y su niña
está de gozando del servicio, y restituidos sus derechos, mismos que se habían
violentado.
La directora del CENDI número 1 al que estaba inscrita su
pequeña, ahora de dos años y cinco meses de edad, le había argumentado los artículos del
reglamento en donde especifica que a las mamás que no estén trabajando, se les suspende
el servicio.
Además de la denuncia pública, interpuso un amparo aunado al
proceso jurídico que continúa por su despido injustificado.
El CENDI y los servicios de salud para ella y sus
dependientes, se siguen brindando ya que al encontrarse en un proceso jurídico
no resuelto, no deben suspenderse.
Quien se desempeñara como maestra de segundo grado de la
escuela primaria Jesus José Loya Aboitia, habla de la nostalgia que le produce
llegar a la escuela, ahora solo a dejar a sus hijos quienes estudian ahí, pero
confía en que tarde o temprano la justicia le dará la razón y podrá volver a
ejercer como tanto anhela.
A un año de su despido, Marcela vive su propio
viacrucis.
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