Silvia Núñez Esquer
La semana pasada la nueva legislatura en
Sonora, estuvo muy ocupada con iniciativas y propuestas para favorecer el
avance de las mujeres y las estructuras que se han creado para instrumentar las
políticas públicas.
En este año electoral la LXI legislatura,
sería la primera con el principio de paridad de géneros en los hechos, ya que
por resultados de elecciones y por disposición del Instituto Estatal Electoral
para designar las curules de representación proporcional, las mujeres diputadas
serían 16, mientras que los hombres 17.
Por años las mujeres habían peleado una
legislación que las favoreciera para ocupar en igualdad de derechos la mitad de
los puestos de elección popular, pero los candados que contenía la propia ley,
nunca habían permitido lograrlo. Aunado a esto, la acción afirmativa que tomó
el órgano electoral de designar las diputaciones plurinominales tomando en
cuenta el principio de paridad, dio pie a que por primera vez las mujeres tuvieran
una real posibilidad de ejercer ese derecho político.
Sin embargo, por varias impugnaciones que
finalmente se resolvieron a favor de los demandantes, tres mujeres fueron
retiradas de las diputaciones, para dar paso a otros tantos varones. El
congreso local quedó entonces conformado
por 13 mujeres y 20 hombres.
De ahí que aún no constituyendo la mitad,
las 13 mujeres que hoy ejercen como diputadas locales de Sonora, hayan iniciado
de inmediato con propuestas a favor de las mujeres. Pero no sólo ellas, dos de
sus compañeros varones han hecho lo propio. Uno de ellos, es quien impugnó a
una de sus compañeras del PRD quien por el principio de paridad ocuparía una
curul de representación proporcional para ese partido, siendo beneficiado con
la resolución en la sala regional de Guadalajara del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TRIFE), dándole la razón como afectado en sus
derechos políticos, con lo que se quedó fuera quien sería diputada Myrna Leyva
Pérez, de Nogales, Sonora.
Las propuestas
Quien primeramente tomó la palabra para
solicitar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades operadoras de
justicia, -investigadoras y juzgadoras- es la diputada Brenda Elizabeth Jaime
Montoya, quien promovió un punto de acuerdo ante sus compañeras y compañeros
para que esa legislatura haga un exhorto al procurador general de justicia del
Estado, al secretario de seguridad pública del Estado, a las instituciones de
prevención, procuración y administración de justicia a reforzar los programas
para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
en especial el delito de feminicidio.
La legisladora representa un distrito de
Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, en donde las mujeres
organizadas han solicitado la Alerta de Violencia de Género (AVG) por la
incidencia de feminicidio en la región, en forma cruel, constante, y por los
casos emblemáticos no resueltos por los que han venido manifestándose. La
propuesta de la diputada abona a la exigencia ciudadana de la AVG, y a la
gestión de la directora del Instituto Sonorense de la Mujer, Esther Salas
Reátiga, ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la violencia contra las mujeres, para que, en caso de que se logre la
declaratoria de AVG en Cajeme, ésta se amplíe a otros cinco municipios del
Estado de Sonora.
Después vino la propuesta de la diputada
Angélica Payán García, ex directora del Instituto Sonorense de la Mujer, y
actual presidenta de la entonces Comisión de Asuntos de Equidad de Género. Fue
el 8 de octubre cuando Payán García, invocando a la CEDAW y a la Constitución
mexicana, argumentaba que el derecho humano a la igualdad incluye el derecho de
las mujeres a no ser discriminadas. Esto implica que los Estados miembros de la
ONU están obligados a eliminar todos los estándares masculinos, raciales,
etarios, de habilidad, entre otros, que resulten discriminatorios para las
mujeres.
Con esa exposición Angélica Payán presentó
la iniciativa a la LXI legislatura, para cambiar el nombre de la comisión que
preside y modificar la fracción XIX del artículo 92 de la Ley orgánica del
Poder legislativo para el Estado de Sonora, y llamarla: Comisión de igualdad de
género. La iniciativa fue votada en pleno a favor por unanimidad.
Pero hubo otras dos iniciativas importantes
que podrían favorecer la igualdad entre
mujeres y hombres en el Estado de Sonora. La primera es del diputado perredista
Juan José Lam Angulo, quien ocupa la curul por impugnación a Myrna Leyva, con
lo cual se afectó la paridad.
Lam Angulo presentó la iniciativa para
crear la Secretaría de la mujer, misma que sustituiría al actual Instituto
Sonorense de la Mujer. El diputado argumentó que se trata de dar el mismo nivel
que tienen otras secretarías de Estado, para que cuente con su propio
presupuesto, tome sus propias decisiones, y se vea de tú a tú con los otros
secretarios. La iniciativa turnada a comisiones, se agrega a las propuestas que
han hecho legisladoras anteriores, para crear la instancia de la mujer por ley,
pues actualmente opera por decreto del gobernador Armando López Nogales de 13
de octubre de 1998 y depende directamente de la Secretaría de gobierno.
Finalmente y de trascendencia
incuestionable es la iniciativa de reforma a la Constitución política del
Estado de Sonora, del diputado Carlos Alberto León García, para modificar el
lenguaje del texto constitucional, por uno más incluyente.
La propuesta que fue turnada a la comisión
de Gobernación y puntos constitucionales, modifica el inicio de la Constitución
que dice: “Los derechos del hombre y garantías”, por “Los derechos de las
personas”.
Un agregado propuesto
derivado de la reforma constitucional en derechos humanos es “Las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución,
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia”.
Todas las
frases en donde se habla de “Los funcionarios” cambian para incluir lenguaje no
sexista y de derechos humanos. La propuesta de Ley reforma y adiciona diversas
disposiciones de la constitución política del Estado de Sonora, en materia de
derechos humanos.
El texto
anterior se conserva: “En el Estado de Sonora queda
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra...” Y agrega: “…que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto
anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Si
bien es plausible la iniciativa para hacer incluyente el texto de la
constitución de Sonora, pues desde su inicio es sexista y machista, al tomar en
cuenta sólo al hombre como sujeto de derechos humanos, es sumamente
preocupante, que el legislador no haya pensado en los derechos y libertades de
las mujeres, como está enunciado en el último párrafo de su propuesta.
Desde
el 21 de octubre de 2008, las mujeres en Sonora fueron blanco de una violencia
legislativa cuando se reformó sin tomarlas en cuenta el artículo primero
constitucional para dar derechos de persona nacida al embrión que inicia en su
útero. “Se reputa como nacido” fue la declaratoria que condena a las mujeres a
ser criminalizadas cuando deciden interrumpir su embarazo.
Siete
años han pasado desde entonces y las historias de horror se cuentan por todos
lados. Antes de la reforma constitucional a nadie le importaba si una mujer
decidía abortar. Pero a raíz de la reforma criminalizadora, personal de salud,
médicos particulares, y hasta familiares se ven obligados a denunciar ante el
ministerio público a las mujeres que osan decidir sobre su cuerpo
interrumpiendo el embarazo no deseado.
El
diputado León ha querido hacer incluyente la constitución, pues bien, es el
momento de que lo haga y que también proponga a sus compañeras y compañeros
diputados que se reforme el artículo primero, también para eliminar la
aberración jurídica que da derechos a un embrión, por sobre los derechos de las
mujeres nacidas, vivas, en pleno ejercicio de su ciudadanía.
Anualmente
son denunciadas entre tres y seis mujeres en Sonora por interrumpir o intentar
interrumpir el embarazo. Algunas han sido sentenciadas como si hubieran
cometido homicidio. La constitución es injusta con las mujeres en Sonora. Pero
lo más preocupante es que la legislatura LXI tiene en sus manos resarcir las
libertades y derechos de las mujeres a su propia reproducción. De nada vale
incluirlas en el texto, nombrarlas, si no desaparece la disposición que las
criminaliza. No nos sirve ser nombradas en el papel, si somos tratadas como
seres inferiores, sin poder de decisión, o peor aún incapaces de tomar
decisiones por nosotras mismas y son otros quienes tienen que tomarlas por
nosotras.
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