Análisis jurídico

Descuidos e irregularidades en caso ABC

A dos meses ningún resultado serio

Silvia Núñez Esquer

Hermosillo, Son., 5 agosto 09.- A dos meses de la tragedia que enlutó al mundo por el impacto de casi cincuenta vidas perdidas en Hermosillo, una estela de irregularidades en la investigación y el proceso judicial, es lo que ha traído consigo el incendio en la guardería ABC.
Funcionarios faltos de seriedad como Daniel Karam, director del IMSS, autoridades que van de pifia en pifia como el gobernador del estado Eduardo Bours, personas intocables como las y los dueños de la guardería ABC, quienes han evadido la acción de la justicia desde el principio, son algunos de los ejemplos.
Un movimiento ciudadano creciente es la ganancia indirecta pues ha surgido como la conciencia de autoridades que se empeñan en banalizar el suceso, impidiéndoselos las más de cincuenta mil personas que se han movilizado en 9 marchas realizadas tanto en Hermosillo, como en Ciudad Obregón, Nogales, Guaymas, Tijuana y en Distrito Federal.
No ha sido fácil enterrar las evidencias, pues madres y padres de familia han dado un vuelco a su vida a partir del 5 de junio, tornándose en líderes sociales que exigen sus derechos y justicia para sus hijas e hijos.
Jurídicamente no hay avances, pues no hay personas detenidas, salvo una supervisora del seguro social, cuyas funciones tienen que ver con los menús de la comida, la limpieza del inmueble y las actividades educativas.
A estas alturas debería haber más personas en prisión, opina el licenciado Ernesto Moreno Bojórquez, abogado de un grupo de madres y padres afectados por el incendio del 5 de junio. La tardanza en poner a la gente sujeta a proceso se debe a descuidos, tal vez hechos a propósito, de ambas procuradurías, la estatal y la general de la república, acusa.
La procuraduría del estado de Sonora, tiene la facultad en base al artículo 134-bis del código procesal penal de Sonora de decretar un arraigo domiciliario a todos los implicados en el siniestro. Se refiere a dueños de la guardería, a funcionarios de protección civil, tanto estatal como municipal, incluyendo a los jefes de bomberos.
En repetidas ocasiones, el gobernador del Estado excusó a la procuraduría por no arraigar a los socios de la ABC, diciendo que no tenían facultades para hacerlo, sin embargo, Moreno Bojórquez asegura que es una interpretación errónea de la propia ley, pues ésta no hace distinción entre delitos graves o no graves, para que haya o no arraigo como lo aseguraba el gobernador.
El hecho de que estas personas se encuentren prófugas, tiene suspendido el proceso penal, tanto en el fuero federal como en su momento lo tenía en el fuero estatal. El haber transferido el caso al ámbito federal, es conveniente en el sentido de que el gobernador es el jefe inmediato del procurador, quien a su vez es el jefe inmediato del ministerio público, quien a su vez representa a las y los ofendidos, es decir representa a las y los padres afectados.
Así que si el gobernador tenía el caso en sus manos, era juez y parte. Al pasar a la PGR la ganancia es que Bours saque las manos del proceso penal. Sin embargo, igual se deduce que pasa a las manos de Felipe Calderón.
No obstante, la ganancia es que en el ámbito federal no tengan una protección amplia, o bien que no la tengan, los dueños de ABC, funcionarios del IMSS, funcionarios del gobierno estatal y municipal.
La PGR consignó a nueve personas entre ellas los socios, aunque se desconoce los motivos precisos. No se sabe el argumento jurídico ni la explicación que el procurador dio al juez y al ministerio público federal para que el juez los considere culpables, precisa.
Esto es importante porque puede pasar que el argumento vaya débil, y con ello la defensa de la contraparte pueda destruirlo y alcanzar la libertad con inmediatez. Esto no se puede saber hasta que sean aprehendidos.
María Matilde Altagracia Gómez del Campo, Sandra Lucía Téllez Nieves, Antonio Salido Suárez y Gildardo Francisco Urquidez Serrano, socios y dueños de la guardería ABC, presentaron su declaración por escrito con relación con los cargos de homicidio y lesiones culposas el pasado 31 de julio.
Ninguno de ellos fue detenido porque cuentan con una suspensión provisional de la orden de aprehensión que les otorgó el juez segundo de distrito de Sonora, informó la PGR.
En opinión del licenciado Ernesto Bojórquez las órdenes de aprehensión no se habían podido cumplimentar pues éstos se encontraban fuera del país, según se infiere de las declaraciones de la PGR, al emitir ficha roja a través de la Interpol.
En caso de ser detenidos, el sólo hecho de fugarse les impide que alcancen fianza, pues pierden ese beneficio al sustraerse de la acción de la justicia. Con su evasión mandan el mensaje al juez de que no tienen intención de colaborar, explica el abogado.
Moreno Bojórquez solicitó formalmente al delegado de la PGR en Sonora, a nombre de sus representados que no se les permita el beneficio de la fianza, pues es esa dependencia a través del ministerio público quien puede promoverlo.
Por otra parte, le pidieron al delegado que haga suyo el planteamiento de que en base al artículo 149 del código federal de procedimientos penales y el 20 constitucional, que se embarguen bienes de todos los presuntos responsables.
Esto significa que las propiedades de las y los socios, incluyendo la sociedad civil guardería ABC, los altos funcionarios del IMSS y otros implicados, propiedades de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias y flujo de efectivo, que se le pida al juez que proceda a embargarlos, para garantizar de manera real y efectiva la reparación del daño material y moral de todas las víctimas.
El asesor de cuatro madres de niños fallecidos y otros cuatro afectados en su salud por el incendio, afirmó que tienen información de que a las cuarenta empleadas de la guardería ABC se les sigue pagando su salario cada quincena, siendo que la fuente de trabajo está devastada, destruida, se extinguió a consecuencia del siniestro, por lo que no hay fuente de trabajo.
Si no hay fuente de trabajo, la relación obrero patronal se termina. Lo procedente es que el patrón indemnice a las trabajadoras. Desde el 5 de junio se les sigue pagando el salario, se les cita en diversas partes de la ciudad para recibir su salario, el cual procede del dinero de las otras cuatro guarderías subrogadas por el IMSS a los mismos socios.
En promedio estas guarderías reciben 500 mil pesos al mes, por lo que continúan recibiendo un promedio de dos millones de pesos al mes. Considera que esto es suficiente para que los dueños sigan huyendo, pagando hoteles, aviones, escondiéndose, y pagando abogados. ¿No sería prudente y sensato embargar esas cuentas por donde fluye ese efectivo? Se pregunta.
Se debería cortar el suministro de efectivo para obligarlos a regresar, afirma. Es un derecho legítimo de las víctimas, por ello se lo han solicitado a la PGR.
Peritajes dudosos
Otra deficiencia que apunta el licenciado Ernesto Moreno es en relación a la investigación realizada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, quien dictaminó a través de un supuesto peritaje las causas del siniestro que arrebató la vida a las y los 49 niños.
La principal omisión es el ignorar la recurrente mención de explosiones en las declaraciones de empleadas, vecinos y encargados de la bodega donde inició el incendio. Esto queda descartado en la averiguación pues se dictaminó que un sobrecalentamiento en una conexión eléctrica en mal estado, fue el causante.
Las hasta cuatro explosiones mencionadas, no están explicadas en los dictámenes periciales. Si el sobrecalentamiento tuvo lugar en una bodega contigua a la guardería que está aproximadamente a veinte metros de donde estaban los niños concentrados, se hablaría de un incendio que avanzó lentamente, poco a poco, de tal forma que había posibilidad de evacuar a las y los niños, y no se hubiera tenido muertos, o hubiera habido pocos muertos, sólo heridos, o nadie herido.
Sin embargo, se estableció como la causa de la muerte de las y los niños en primer lugar quemaduras, por insuficiencia en el riñón como segunda causa, e intoxicación en tercera. Esto último quedó plasmado en los hospitales en donde se les prestó auxilio y cuando se les quiso suministrar oxígeno, expulsaban humo, tizne, como un carro descompuesto que escupe humo oscuro, narra.
El médico legista es quien determina las causas de la muerte, ¿por qué pone en primer término las quemaduras y deja para después la intoxicación? Cuestiona al asegurar que muchos niños murieron si quemaduras, pero intoxicados.
Las preguntas lógicas, dice, son ¿de dónde vino la intoxicación? ¿Qué respiraron que provocó la intoxicación? Y eso que respiraron, ¿de dónde surgió? Su respuesta retoma la explicación científica de la descomposición de elementos del poliestireno, que recubría el techo de lámina.
A más de cien grados de temperatura, las partículas de hidrógeno y benzeno, en contacto con el oxígeno generan una sustancia altamente explosiva, explica. Asegura que tiene fotografías en donde se advierte que los cristales de las ventilas, están quebrados de adentro hacia afuera, y no de afuera hacia dentro como sería lo lógico producido por la acción de la gente que del exterior quisiera tener acceso para el rescate.
Igualmente se observa el filo del techo de lámina doblado hacia afuera, en un evidente vestigio de explosión, por lo que opina que el peritaje es insuficiente.
Podría dar un giro el proceso
Para contar con información que dé claridad al caso, el abogado se encuentra documentando con la colaboración de una doctora en Química, y un doctor en Física, información sobre el comportamiento de los elementos del poliestireno, con el fin de tener certeza, o la mayor aproximación de que la explosión se produjo en la bodega.
La información que se obtenga la presentará a PGR, por ser la instancia que tiene la indagatoria. Con los resultados, solicitará a nombre de sus representados, que se considere ese planteamiento por parte del ministerio público y a su vez lo haga suyo y lo presente ante el juez, para que a su vez se solicite al juez una inspección de la guardería por parte de peritos calificados.
Se pretende que con base en la opinión de expertos, se pueda determinar en dónde tuvo origen la explosión y por lo tanto el incendio, para saber qué impacto o grado de relevancia tuvo la explosión con la muerte de las niñas y los niños.
Considera que si se da a conocer esto, entonces se daría un giro de 180 grados, a todas las cadenas de responsabilidades que actualmente se están procesando y próximas a juzgar. Podrían entrar en responsabilidades, el propio gobernador actual, el procurador actual, el agente del ministerio público que integró la averiguación, incluso los peritos que dictaminaron, porque ocultaron información y tergiversaron la investigación.
A todos ellos les alcanzaría una responsabilidad incluso penal, por ejercicio indebido de funciones, por uso indebido de atribuciones y moralmente serían reprochables por toda la sociedad por ocultar y mentirle a la sociedad cuando informaron que la causa de todo fue el cooler.