Escrito por Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Son. La Red de Casas de las Mujeres
Indígenas (Cami) aceptó la reducción de recursos federales del 25 por
ciento, esperando que sea de manera temporal.
La Red constituida por 35 Casas, envió una carta abierta dirigida a las instituciones gubernamentales y legislativas involucradas en los procesos de atención y adelanto de las mujeres, así como a la sociedad civil.
En la misiva actualizan sobre la situación de la gestión de recursos que anualmente les proporciona el gobierno federal vía proyectos para ser ejecutados en cada una de las Cami que están distribuidas en diversos estados de la República.
En el recuento narran que en reunión con estas Casas, realizada el 8 de junio pasado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) les informó que lograron la autorización para disponer de recursos de la Secretaría de Hacienda, hasta por 8.5 millones de pesos para ese fin.
Les informaron también que el recurso se entregaría de acuerdo a la cobertura que cada una realiza, en un rango de entre 25 y 30 por ciento de lo que cada Cami necesita. Se les dio un tiempo para analizar la propuesta y fue el 12 de junio pasado que tomaron algunas decisiones sobre la propuesta del INPI.
Entre ellas le recordaron al Instituto que el trabajo que realizan es un servicio que dan a las mujeres indígenas de la región en situación de violencia y atención a mujeres embarazadas. El servicio consiste en atención, escucha, consejería, apoyo emocional, masajes, grupos de reflexión, acompañamiento y seguimiento a casos tanto de violencia como de mujeres embarazadas, todo con perspectiva intercultural, en su lengua y rescatando sus saberes tradicionales para la sanación.
Aunado al trabajo comunitario para la sensibilización, difusión y defensa acerca de sus derechos.
Quienes realizan el trabajo son mujeres indígenas que tienen años de formación y de especialización para ofrecer a sus comunidades una atención profesional digna, y con pertinencia cultural.
Recordaron también que atienden regiones en donde el Estado no accede y que ninguna institución podría otorgar con esas características.
Reafirmaron que se mantendrán unidas en red por lo que el diálogo con el INPI debe darse con las representantes de la Red Cami.
En su comunicado a las instituciones expresaron que las Casas enfrentan ya una situación crítica y por ello decidieron aceptar el recurso bajo la aclaración de que no se considere una renuncia ni implícita ni tácita por parte de ellas para acceder al restante 75 por ciento del monto del presupuesto solicitado para este año.
Por lo anterior, se reservan el derecho de ejercer las acciones administrativas, jurídicas o de cualquier otra índole, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reintegre el presupuesto que fue reducido al INPI, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
Y es que en el anexo 13 de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en el rubro 47 se mencionan las entidades no sectorizadas, del Programa de Derechos Indígenas, para los subsidios de las Casas de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas.
“Lo anterior. en observancia de la aplicación del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de salvaguardar y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y Afro mexicanas”, dicen.
Asimismo, se reservaron su derecho de ejercer las acciones administrativas, jurisdiccionales o de cualquier otra índole a fin de que el titular del Poder Ejecutivo Federal incluya en la lista de los programas prioritarios que no serán pospuestos, referidos en la fracción V, del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los criterios que en el mismo se indican”.
Lo anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2020, referido a las Casas de la Mujer Indígena y Afro mexicana, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, garantizando su operación durante este año.
Las integrantes de la red de Cami acordaron también revisar con el INPI las reglas de operación del Programa de Derechos Indígenas del siguiente año, para atender las condiciones que actualmente son violatorias de los derechos de las mujeres indígenas.
Así mismo presentarán al Instituto el destino que se dará al monto que recibirán de acuerdo a las prioridades que enfrentan. Todo deberá quedar asentado en las cláusulas del convenio de colaboración que se firma entre el INPI y cada Casa de la Mujer Indígena.
La recepción del monto fraccionado quedará condicionada a que se aporte la totalidad más adelante. Dejan patente su exigencia para que nunca más enfrenten actos que consideran discriminatorios y violatorios a sus Derechos Humanos.
Hicieron un llamado a todas las instituciones que tienen el mandato de contribuir al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en general y de las mujeres indígenas en particular, a que cumplan con el compromiso que han establecido con la red, para que se destine el monto que necesitan para continuar atendiendo la problemática de violencia y salud que enfrentan las mujeres en las regiones indígenas.
Finalmente agradecieron a todas las personas, instituciones y colectivos de la sociedad civil que han respaldado su reclamo en este proceso de lucha por los recursos para poder seguir operando con calidad.
La carta fue dirigida Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y Diputadas, Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Comisión de Género del Senado de la República, y organizaciones, movimientos, colectivos y personas aliadas.
20/SNE/LGL
La Red constituida por 35 Casas, envió una carta abierta dirigida a las instituciones gubernamentales y legislativas involucradas en los procesos de atención y adelanto de las mujeres, así como a la sociedad civil.
En la misiva actualizan sobre la situación de la gestión de recursos que anualmente les proporciona el gobierno federal vía proyectos para ser ejecutados en cada una de las Cami que están distribuidas en diversos estados de la República.
En el recuento narran que en reunión con estas Casas, realizada el 8 de junio pasado, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) les informó que lograron la autorización para disponer de recursos de la Secretaría de Hacienda, hasta por 8.5 millones de pesos para ese fin.
Les informaron también que el recurso se entregaría de acuerdo a la cobertura que cada una realiza, en un rango de entre 25 y 30 por ciento de lo que cada Cami necesita. Se les dio un tiempo para analizar la propuesta y fue el 12 de junio pasado que tomaron algunas decisiones sobre la propuesta del INPI.
Entre ellas le recordaron al Instituto que el trabajo que realizan es un servicio que dan a las mujeres indígenas de la región en situación de violencia y atención a mujeres embarazadas. El servicio consiste en atención, escucha, consejería, apoyo emocional, masajes, grupos de reflexión, acompañamiento y seguimiento a casos tanto de violencia como de mujeres embarazadas, todo con perspectiva intercultural, en su lengua y rescatando sus saberes tradicionales para la sanación.
Aunado al trabajo comunitario para la sensibilización, difusión y defensa acerca de sus derechos.
Quienes realizan el trabajo son mujeres indígenas que tienen años de formación y de especialización para ofrecer a sus comunidades una atención profesional digna, y con pertinencia cultural.
Recordaron también que atienden regiones en donde el Estado no accede y que ninguna institución podría otorgar con esas características.
Reafirmaron que se mantendrán unidas en red por lo que el diálogo con el INPI debe darse con las representantes de la Red Cami.
En su comunicado a las instituciones expresaron que las Casas enfrentan ya una situación crítica y por ello decidieron aceptar el recurso bajo la aclaración de que no se considere una renuncia ni implícita ni tácita por parte de ellas para acceder al restante 75 por ciento del monto del presupuesto solicitado para este año.
Por lo anterior, se reservan el derecho de ejercer las acciones administrativas, jurídicas o de cualquier otra índole, a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reintegre el presupuesto que fue reducido al INPI, contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020.
Y es que en el anexo 13 de “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, en el rubro 47 se mencionan las entidades no sectorizadas, del Programa de Derechos Indígenas, para los subsidios de las Casas de las Mujeres Indígenas y Afroamericanas.
“Lo anterior. en observancia de la aplicación del artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la finalidad de salvaguardar y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas y Afro mexicanas”, dicen.
Asimismo, se reservaron su derecho de ejercer las acciones administrativas, jurisdiccionales o de cualquier otra índole a fin de que el titular del Poder Ejecutivo Federal incluya en la lista de los programas prioritarios que no serán pospuestos, referidos en la fracción V, del “Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, bajo los criterios que en el mismo se indican”.
Lo anterior publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 de abril de 2020, referido a las Casas de la Mujer Indígena y Afro mexicana, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, garantizando su operación durante este año.
Las integrantes de la red de Cami acordaron también revisar con el INPI las reglas de operación del Programa de Derechos Indígenas del siguiente año, para atender las condiciones que actualmente son violatorias de los derechos de las mujeres indígenas.
Así mismo presentarán al Instituto el destino que se dará al monto que recibirán de acuerdo a las prioridades que enfrentan. Todo deberá quedar asentado en las cláusulas del convenio de colaboración que se firma entre el INPI y cada Casa de la Mujer Indígena.
La recepción del monto fraccionado quedará condicionada a que se aporte la totalidad más adelante. Dejan patente su exigencia para que nunca más enfrenten actos que consideran discriminatorios y violatorios a sus Derechos Humanos.
Hicieron un llamado a todas las instituciones que tienen el mandato de contribuir al ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas en general y de las mujeres indígenas en particular, a que cumplan con el compromiso que han establecido con la red, para que se destine el monto que necesitan para continuar atendiendo la problemática de violencia y salud que enfrentan las mujeres en las regiones indígenas.
Finalmente agradecieron a todas las personas, instituciones y colectivos de la sociedad civil que han respaldado su reclamo en este proceso de lucha por los recursos para poder seguir operando con calidad.
La carta fue dirigida Al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y Diputadas, Comisión de Asuntos Indígenas del Senado de la República, Comisión de Género del Senado de la República, y organizaciones, movimientos, colectivos y personas aliadas.
20/SNE/LGL
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