Dan derechos al embrión
Silvia Núñez Esquer
Hermosillo,
Son., 21 octubre 2008.- Por mayoría fue aprobada esta tarde la iniciativa
de reforma al Artículo 1 de la Constitución Política en Sonora, en
donde se da prerrogativas al embrión humano desde su inicio.
Ante
la propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y
apoyado por las y los priístas en pleno, la aprobación reforma el
artículo 1º de la Constitución Política del Estado de Sonora, para
quedar como sigue:
Artículo 1°.- Los Derechos del Hombre son la
base y el objeto de las instituciones sociales. En el Estado de Sonora
todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Estado de Sonora
tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la
fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le
reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes,
hasta su muerte natural.
Se exceptúa de este reconocimiento, el
aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea
resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la
mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la
asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere
posible y no sea peligrosa la demora.
Para ser aprobada, los
grupos unidos, suspendieron la reunión de ayer en comisión para
aprobarla, por lo que la llevaron directo al pleno y solicitaron con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se declarara como urgente y obvia resolución y se
dispensara el trámite de Comisión, para que fuera discutido y decidido,
en esa misma sesión ordinaria, lo cual se aprobó.
La diputada
Petra Santos Ortiz y el diputado Reynaldo Millán Cota, del Partido de la
Revolución Democrática, defendieron el derecho de las mujeres a decidir
sobre su cuerpo y su reproducción.
Se pronunciaron en contra de
la iniciativa, al tiempo que el diputado Salomé Tello Magos del PANAL,
solicitó al pleno se pospusiera la votación ya que la iniciativa debería
ser analizada y consensada, y que debería tomar en cuenta el derecho de
las mujeres a decidir sobre sus vidas y la propuesta estaría llevando a
que tal vez se perdieran dos vidas, la de la madre y la del hijo.
Mientras
tanto, organizaciones de la sociedad civil feministas se expresaron en
contra de la iniciativa y se manifestaron en el recinto legislativo al
tiempo que presentaron un pronunciamiento dirigido a los cuatro grupos
parlamentarios del PRI, PAN, PRD y PANAL.
En un documento firmado
por La Colectiva: Observatorio Feminista, Nosotras Ciudadanas por la No
Violencia hacia las mujeres, Mujeres y Hombres Socialmente Activos,
Sangre Violeta, Diverciudad, A.C. y, Género y Medio ambiente, GEMAS,
I.A.P., observaron que la iniciativa cuenta con varios inconvenientes.
Entre
otros, atenta contra el artículo 4º constitucional, que establece que
“(…) toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e
informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona
tiene derecho a la protección de la salud…”
Contraviene la Resolución
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la Interrupción
Legal del Embarazo en el Distrito Federal, que fija un criterio jurídico
fundamentado en la no discriminación hacia las mujeres.
Atenta
contra la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia,
particularmente en la figura del agravio. Atenta contra la posibilidad
de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su futuro, al no
consultarlas, y transgrede sus derechos como ciudadanas en un estado
democrático.
Y finalmente, contraviene los acuerdos
internacionales en la materia firmados y ratificados por nuestro país.
Asimismo emitieron un pronunciamiento dirigido a todas las y los
diputados de la LVIII legislatura, a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos y a la comunidad sonorense.
En él exigieron que se abra
al debate amplio a la sociedad en general, y particularmente a las
mujeres. Los grupos parlamentarios y la Comisión de Asuntos de la Mujer
deben garantizar la no discriminación hacia las mujeres y hacer respetar
sus derechos ciudadanos, opinan.
Es competencia del Congreso
promover la construcción de un estado laico y democrático y no la
socialización de argumentos moralistas y religiosos que desvían la
atención de un problema social y de salud pública que es prioritario,
argumentaron.
Advertían que la iniciativa no debía aprobarse sin
antes abrir el debate. “No se puede reformar nuestra Carta Magna como
resultado de una propuesta opaca que se presentó con dolo a espaldas de
la sociedad y que no siguió el procedimiento legislativo
correspondiente. Eso representa una imposición y un atropello a la
calidad de ciudadanas de todas las mujeres de este Estado”, comentaron.
Dentro
de un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigor de esta
Ley, el Congreso del Estado deberá realizar las adecuaciones que
resulten pertinentes, entre otras, a las leyes en materia de salud,
educación y a la legislación civil, de tal manera que dichos
ordenamientos sean congruentes con las disposiciones de esta reforma
constitucional, según lo aprobado.
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