Denuncia a Grupo México, autoridades no tiene respuesta para ella
Silvia Núñez Esquer
Hermosillo, Sonora, 6 de agosto de 2018.- Hoy 6 de agosto se
cumplen cuatro años del derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en
el Río Sonora y Río Bacanuchi, en el Estado de Sonora.
Rosa María O´leary, activista por los derechos humanos
ambientales, interpuso la primera denuncia ciudadana por este hecho ante la
Procuraduría General de la República (PGR) el 28 de octubre de 2015.
El magno envenenamiento de aguas dulces fue perpetrado por
la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, quien hasta la fecha no ha sido
responsabilizado por autoridades judiciales por los daños ocasionados a las
personas y al medio ambiente.
La única acción visible fue la configuración de un
fideicomiso de 2 mil millones de pesos para indemnizar a las y los afectados.
Dicho beneficio consistió en la entrega de 15 mil pesos y un
tinaco de marca Rotoplás, instalar plantas potabilizadoras con tecnología para
separar los metales pesados, -pues los pozos de los que tomaban agua
directamente resultaron afectados- y resarcir las afectaciones en la salud.
El fideicomiso se extinguió en febrero pasado, sin que se
hayan instalado las plantas purificadoras de agua, ni se haya instalado un
hospital de alta especialidad en la zona de los pueblos del Río Sonora, y la
remediación del río como lo demandaban sus habitantes. Solo el dinero y el
tinaco fueron entregados.
Ante la ausencia de respuesta, la denunciante contra la
minera Buenavista del Cobre de Grupo México y autoridades que resulten
responsables por complicidad ante su negligencia, acudió a dar seguimiento el
16 de agosto de 2017.
Sin embargo la recibieron con una serie de justificaciones,
como son el cambio en el sistema de justicia del tradicional al oral.
La verdad es que las personas que atendieron su gestión, no
estaban enteradas ni conocían la posibilidad de que una ciudadana, una persona
en lo individual pudiera denunciar ante esa institución.
Rosa María O´leary atendió la invitación que hizo la PGR
para que la ciudadanía aprovechara la modalidad de denuncia ciudadana formal,
para lo cual instalaron una mesa de atención, citaron a los medios de
comunicación y se dispusieron a recibir las denuncias. Fue O´leary la única
persona que se presentó a formalizar una denuncia penal.
En octubre de 2015 argumentaba la tragedia ambiental
ocasionada por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de tóxicos
derramados en el cauce de los ríos Bacanuchi y Río Sonora, provenientes de la
mina Buena Vista del Cobre, concesionada a Grupo México.
En la denuncia se especifica que dicho envenenamiento afectó
a los municipios de Cananea, Bacoachi, Arizpe, Banámichi, Huépac, San Felipe de
Jesús, Aconchi, Baviácora, Ures y Hermosillo. Sin embargo, arbitrariamente los
municipios de Cananea, Bacoachi y Hermosillo, no se contemplaron oficialmente
dentro de los afectados.
De igual forma se denuncia que tanto Grupo México, como las
autoridades involucradas se prestaron a la formación de un fideicomiso de dos
mil millones de pesos para resarcir los daños, instalar las plantas tratadoras
de agua y el hospital de especialidades para las personas afectadas.
La Secretaría de Economía, La Secretaría de Salud, la
Secretaría de Trabajo, Aguas Nacionales, Semarnat, Profepa, autoridades
gubernamentales municipales y federales, hacen caso omiso de los daños
ocasionados a nuestro pueblo y exigen pruebas costosísimas, que no
correspondería a las víctimas asumir, dice el documento.
La denuncia exige que se investigue y se finque las
responsabilidades correspondientes pues el fideicomiso no cumplió a cabalidad
lo prometido, tanto a la empresa como a las autoridades por omisión o comisión
pues no cumplieron con garantizar un ambiente sano.
La ruta crítica seguida por esta ciudadana, deja mucho qué
desear de las autoridades. La seriedad de las herramientas que la PGR y en
general el sistema de justicia para que la ciudadanía pueda expresar sus
denuncias y éstas tengan eco se ponen en duda, hasta parecería una broma.
Para muestra, están las acciones de seguimiento a las que
nos permitió acompañarla. En primer lugar la denuncia ante la PGR se interpuso
delante de los medios para que se publicara el mecanismo, y la foto de rigor en
cumplimiento del anuncio el 28 de octubre de 2015.
En dos años, Rosa María O´leary no tuvo noticia de su
denuncia, hasta que un día le notificaron que ya había resolución de la PGR en
el sentido de que no había sanción. Nada decían de las razones de ésta, por lo
que decidió apersonarse y dar seguimiento el 16 de agosto de 2017.
Con sorpresa, el personal le comentó que no sabían de ese
mecanismo de denuncia. Como un favor llamaron a las oficinas de la CDMX para
indagar, y les respondieron que ahí estaba el expediente y que dados los cambios
en el sistema penal, estaba en trámite.
Posteriormente al acudir a dar seguimiento, la atendió otro
personal mismo que también indagó en la Ciudad de México, vía telefónica, y la
respuesta es que había “un relajo” porque después del sismo de 19 de septiembre
de 2017, habían tenido que cambiarse de lugar, y tendrían qué ubicarlo.
Sin embargo, le recomendaron que fuera a defensoría de
oficio de la PGR para que le ayudaran a responder jurídicamente, pero no
estaban seguros del edificio en el que se encuentra.
Después de ubicarlo geográficamente con un recorrido de
varias oficinas, en diversos domicilios, le respondieron que ahí no era la
instancia adecuada.
Le recomendaron ir a la delegación Sonora de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que le orientaran, pues por el
caso tal vez tenía calidad de víctima.
En mayo de 2018 acudió a la CEAV en donde tampoco tenían
claro si podían apoyarla. No obstante, le asistieron jurídicamente para
interponer un recurso, mismo que ya fue contestado negando su calidad de
víctima, por lo que no procedía tal recurso.
Finalmente el 2 de agosto de 2018, acudió a los juzgados
federales a interponer un amparo, todo ello con la respectiva inversión de
tiempo y dinero personales.
Esa es la ruta que las y los ciudadanos deben seguir,
mientras a cuatro años del derrame de tóxicos en el río Sonora, por la mina
Buenavista de Grupo México, ha tenido como respuesta la absolución, y la
premiación con más concesiones mineras.
Pero ahí está Rosa María O´leary para dar seguimiento a su
denuncia penal ciudadana. Ahí con su andar lento, pero seguro, para intentar
obligar a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones. Y si no,
esperarles en los tribunales internacionales.
Seguimiento a la denuncia
La ruta ciudadana:
Entrega de denuncia 28 de octubre 2015 (Foto: La silla rota)
Seguimiento en PGR 16 de agosto 2017
Defensoría pública de PGR 23 de mayo 2018
CEAV 25 de mayo 2018
Recurso de inconformidad 25 de mayo 2018
Amparo 2 de agosto 2018
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