Silvia Núñez Esquer
La violencia política “comprende todas aquellas acciones y
omisiones –incluida la tolerancia- que, basada en elementos de género y dadas
en el marco del ejercicio de derechos
político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público”.
Esa es la definición que incluye el Protocolo para atender
la violencia política contra las mujeres en Sonora, retomado del Protocolo para
atender la violencia política contra las mujeres, del INE.
La violencia se dirige a una mujer por ser mujer cuando las
agresiones están especialmente planificadas y orientadas en contra de las mujeres
por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo
concepciones basadas en prejuicios. También lo dice el protocolo.
Si bien la Ley general de acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia (Ley de acceso) todavía no incluye el concepto de violencia
política, en tanto lo hace, vale la pena rescatar los aspectos clave de la
definición que hace el protocolo, pues la propia ley da la pauta para
identificarla.
De acuerdo a la Ley
de acceso las violencias son de los tipos físico, sexual, psicológico,
económico, patrimonial, y cualquiera de
las formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad,
integridad o libertad de las mujeres.
Las modalidades son familiar, laboral y docente,
comunitaria, institucional y feminicida.
Estas son las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se
presenta la violencia contra las mujeres.
Por ello, aún que la violencia política de género contra las
mujeres no esté incluida como tal en la Ley de acceso, es posible denunciarla y
sancionarla.
Eso es gracias a que antes del proceso electoral 2017-2018,
quedaron establecidos y publicados ambos protocolos, el federal y los homólogos
en los estados.
En Sonora ha quedado registrado el primer caso de denuncia y
resolución por la autoridad competente que en este caso es el Instituto Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), resolviendo a favor de la
víctima, la entonces precandidata a la alcaldía de Caborca, del Movimiento
Ciudadano, Patricia Azcagorta.
Pero esa no es la única que se presentará. Dos candidatas y
sus respectivas coaliciones han anunciado sendos casos de violencias que se han
manifestado a través de medios digitales, incluidas las redes sociales.
En éstas se ejerció violencia simbólica y verbal directa,
con lo que han atentado contra la dignidad del género femenino.
Una de ellas, la candidata a diputada federal Gabriela
González, del Partido Revolucionario Institucional, quien fue víctima de
mensajes visuales falsos, en donde se
inserta su cara en una imagen de una mujer desnuda. Foto difundida masivamente
a través de diversas redes.
Su partido ha tomado la iniciativa y ha solicitado a las
autoridades del INE y del IEE activen el protocolo de actuación para casos de
violencia política de género contra las mujeres.
La otra víctima de violencia política de género es Lilly
Téllez García, candidata a la Senaduría por la coalición Juntos haremos
historia.
Como candidata externa, Téllez García ha
sido blanco de múltiples críticas, pero también de agresiones verbales
directas.
Además de una serie de videos editados de intervenciones
propias, se han grabado otros en donde diversas personas dicen conocerla y
arremeten contra su vida privada, acusándola de varias características como
persona por la que no se habría de votar por ella, todas referentes a su vida
matrimonial privada.
La más reciente, y por la cual interpondrá una denuncia, es
la que un colectivo de periodistas ha ejercido a través de una serie de
columnas publicadas en diversos medios digitales y redes sociales.
Pero la que generó la decisión de la denuncia es por los
insultos que ha recibido tanto de algunos de los periodistas en mención, así
como por otros personajes de cuentas falsas de twitter y otras.
Vieja, puta, hedionda, hocicona, menopáusica, pinchi,
idiota, balbuceante, tartamuda, son algunos de los insultos que le han lanzado
a través de comentarios en publicaciones que han sido generadas y/o compartidas
por integrantes de dicho colectivo.
Las agresiones se generaron después de que ella acudió a una
reunión con ese grupo y después de tres horas en donde narra fue cuestionada
repetidas ocasiones sobre su vida privada, concluyó que son difusores del PRI
(partido del gobierno actual).
El haberlos llamado “opinólogos” y “comentócratas”, “difusores
del partido en el poder”, generó esta serie de agresiones, que forman parte de
las evidencias que constituirán la denuncia por violencia política de género.
En Sonora, estamos ante la presencia de una respuesta de odio exacerbado contra las
mujeres que se han atrevido a participar, ahora en forma masiva por el mandato
de la ley que obliga a la paridad en candidaturas.
La violencia se ha reflejado principalmente en agresiones
que atentan contra la dignidad no solo de estas personas en lo individual, sino
contra el género mujer.
Las imágenes sexuales editadas y truqueadas, así como la
violencia verbal, han sido las formas preferidas utilizadas en la entidad.
Hasta este momento no se ha reportado algún ataque físico o
de otra naturaleza que pudiese constituir violencia de género, en el contexto
del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
El protocolo ha servido para que las mujeres contendientes
sepan que pueden ser víctimas directas, si hay daño o menoscabo económico,
físico, mental, emocional o en general la puesta en peligro o lesión a sus
bienes jurídicos o derechos.
Además sirve para identificar víctimas indirectas, potenciales, y grupos o
comunidades afectadas.
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